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martes, 5 de abril de 2011

“Fanti de Soriani, Stella Maris y Otro c/ Completo L’Evento y Otros s/ Daños y Perjuicios”. Responsabilidad del Propietario del Local Bailable por Acción del Personal de Seguridad




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Responsabilidad por el hecho del dependiente. - Local bailable

Siendo que ha quedado acreditado que la agresión que sufriera el actor y que motivara los daños padecidos, provino de la acción del personal de seguridad de la discoteca demandada, y más allá de la falta de coincidencia entre el concepto jurídico de dependencia y la dependencia laboral, lo cierto es que el personal llamado "de custodia" pertenece a la dotación de la demandada. En consecuencia, la empresa bailable se prevale de la actuación de estos "custodios" para el cumplimiento de sus fines, y en tal sentido estos "agentes de seguridad" resultan dependientes jurídicos por quienes la empresa demandada debe responder (parte 1, art. 1113, Código Civil). En consecuencia, y en virtud del deber de seguridad debe, además del complejo de deberes primarios que se conjugan en la prestación principal prevista en el contrato (música, escenario para el baile y esparcimiento, suministro de bebidas y otros tipos de comestibles), velar porque ni las prestaciones o servicios brindados, ni los objetos o dependientes suyos, ni la actividad, desórdenes y pasiones que genera el objeto propio de su quehacer comercial -en el cual encuentra su provecho y ganancias- provoquen daños en las personas o los bienes de sus clientes.

Fanti de Soriani, Stella Maris y otro vs. Complejo L'Evento y otros s. Daños y perjuicios /// Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Sala I, Buenos Aires Lomas de Zamora; 22-03-2011

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Fallo:

En la Ciudad de Lomas de Zamora, a los 22 días del mes de Marzo de Dos Mil Once, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala I, de este departamento judicial, Doctores Norberto Horacio Basile y Carlos Ricardo Igoldi, con la presencia del Secretario actuante, se trajo al Despacho para dictar sentencia la causa N° 68.144 caratulada "FANTI DE SORIANI STELLA MARIS Y OTROS C/ COMPLEJO L'EVENTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS". De conformidad con lo dispuesto por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, la Excma. Cámara resolvió votar las siguientes:
CUESTIONES
1ª.)¿Es nula la sentencia dictada?
2ª) En su caso. ¿Es justa?
3ª) ¿Qué corresponde decidir?
Practicado el sorteo de ley (art. 263, últ. Parte CPCC), dio el siguiente orden de votación: Dres. Basile e Igoldi.
VOTACIÓN
A la primera cuestión, el Dr. Basile dijo:
En su expresión de agravios, la accionada deja planteada la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la apertura a prueba, incluyendo la sentencia de primera instancia, argumentando en primer lugar que la sentencia fue dictada sin que se encontrara firme la resolución del beneficio de litigar sin gastos y en segundo lugar, afirmando que pese a haber sido advertida la accionante nunca enderezó su demanda y continuó el trámite contra un nombre de fantasía.
Primeramente es dable afirmar que la sentencia definitiva recaída en el principal, no es óbice para que el trámite del beneficio de litigar sin gastos continúe hasta su finalización. Máxime en este caso, donde la actora ha obtenido sentencia favorable en esos actuados.
Por lo demás, consentido el llamamiento de autos para sentencia, su efecto saneatorio genérico y preclusivo se erige en valladar insalvable al planteo nulitivo que vanamente persigue (art. 482 CPCC y su doctrina).
Además, conviene aclarar que el recurso de apelación ataca los errores de juicio o de juzgamiento (error in iudicando), tanto en la apreciación de los hechos o valoración de las pruebas (error de hecho), como en la aplicación de las normas (error de derecho). Dicho recurso comprende también al de nulidad que cuestiona los defectos propios de la sentencia. Queda fuera del aludido marco, la subsanación de los errores o vicios de los actos que precedieron al pronunciamiento definitivo (errores in procedendo) que deben ser atacados por vía del incidente de nulidad y no por la vía recursiva (esta Sala I RSD217/07 entre otros).
Las fronteras de los motivos de la nulidad requieren una afinada labor interpretativa que, con criterios flexibles y sobremanera funcionales privilegie las finalidades íntimas en que se apoya el sistema todo, de invalidación de los actos del proceso, que no son otras que el aseguramiento de la defensa en juicio, a través de las formalidades del rito entendidas como meras reglas instrumentales al servicio de dicho trascendente objetivo (doctr. art. 253 del CPCCMorello y colab., "Códigos Procesales..." de. 1998 T. III, pág. 239).
Siendo así, para que sea procedente la nulidad de una sentencia se requiere la existencia de una irregularidad manifiesta y grave.
Es decir, el vicio que provoque la nulidad ha de ser de tal magnitud que por si mismo ponga en peligro el derecho que le asiste al apelante, pues de otra manera al estar el recurso de nulidad por defecto de sentencia, absorvido por el de apelación, por elementales razones de economía procesal, corresponde que se reparen los vicios menores al examinar la sentencia en crisis (arg. art. 253 CPCC).
Asi las cosas, y sin que quepa atender al planteo de nulidad de todo lo actuado desde el dictado del auto de apertura a prueba, en lo tocante a la propia sentencia, es del caso decir que la misma no adolece de ningún vicio de entidad suficiente como para descalificar el pronunciamiento, máxime teniendo en cuenta que las irregularidades que denuncia el recurrente, de existir, pueden ser subsanadas mediante el recurso de apelación interpuesto.
En virtud de estas consideraciones, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma primera cuestión, el Dr. Igoldi, por consideraciones análogas también VOTA POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión el Dr. Basile dijo:
I. El Sr. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número ocho de este Departamento Judicial, dictó sentencia a fs. 281/290, admitiendo parcialmente la pretensión esgrimida por Stella Maris Fanti, Jorge Carlos Soriani y Mariano Soriani contra Complejo L'Evento Disco y Disclub S.R.L., condenando en consecuencia a las demandadas a abonar en el plazo de diez días de quedar firme la liquidación a practicarse, las sumas fijadas respecto de cada uno de los actores con más los intereses establecidos.
Impuso las costas a la demandada y difirió la regulación de honorarios profesionales.
A fs. 291 apelaron los co-actores Stella Maris Fanti y Jorge Carlos Soriani, y a fs. 292 lo hizo el restante actor Mariano Soriani, concediéndose ambas apelaciones libremente a fs. 293.
A fs. 294 apeló la accionada, concediéndose el recurso libremente a fs. 295.
A fs. 316/319 expresaron agravios los actores Stella Maris Fanti y Jorge Carlos Soriani. A fs. 320/324 hizo lo propio el co actor Mariano Soriani y a fs. 325/329 lo hizo la parte demandada.
Todas las presentaciones merecieron réplica. Así, a fs. 331/336 contestó la actora y a fs. 337/338 lo hizo la accionada.
A fs. 339 se llamaron autos para sentencia por providencia que se encuentra consentida.
II. ANTECEDENTES DE LA CAUSA.
A fs. 10, Stella Maris Fanti de Soriani y Jorge Carlos Soriani, ambos por derecho propio y en representación del hijo menor de ambos, Mariano Soriani, promovieron formal demanda de daños y perjuicios contra el Complejo L'Evento Disco y/o contra Disclub S.R.L. y/o contra quien resulte propietario, y/o locatario, y/o usufructuario y/o poseedor, y/o civilmente responsable del local comercial y/o de la explotación comercial, por los daños sufridos el 31 de enero de 1999.
Refirieron que en la fecha indicada, el hijo de ambos, fue a bailar con sus amigos a la disco "L'Evento" ubicada en la localidad de Banfield, ingresando a la misma a la 1:00 hs.
Indicaron que alrededor de las 3.30 hs., al ver que sus amigos estaban participando en una pelea, se acercó a ellos, con el objeto de separar a los mismos.
Sostuvieron que en ese momento fue tomado por la espalda por custodios del lugar, quienes comenzaron a propinarle golpes en la cara y el estómago, siendo llevado a la rastra por dos de los agresores hasta otra dependencia del lugar para ser arrojado luego a la vereda.
Denunciaron que debido a la sangre que derramara tras la violenta agresión, fue levantado de la vereda e ingresado nuevamente al establecimiento bailable, a un lugar ubicado detrás de la boletería, donde se le suministró una bolsa de hielo, donde se apersonó quien dijo ser uno de los dueños del lugar y prometió tomar serias medidas contra el personal de custodia y le ofreció gran cantidad de entradas VIP para otro momento.
Afirmaron que luego de la agresión y ante la desesperación de los amigos de su hijo, dado que habían perdido contacto con él, fueron anoticiados telefónicamente por uno de los amigos, por lo que se apersonaron inmediatamente en el lugar, retirando al joven del lugar y procediendo a trasladarlo a un centro asistencial para luego realizar la denuncia policial.
Expresaron que a raíz de los golpes que le propinaron, el joven sufre disminución de la visión principalmente en el ojo izquierdo y conserva una cicatriz del corte que recibió debajo del mismo. Que padece cefaleas y mareos, además de un miedo que le impide concurrir a lugares de esparcimiento a relacionarse con personas de su edad.
A fs. 29, mediante letrado apoderado, contestó la accionada Disclub S.R.L. Aseguró que Complejo L'Evento Disco o L'Evento son nombres de fantasía, siendo Disclib S.R.L. La explotadora del local, en su carácter de inquilina del inmueble.
Negó los hechos narrados en la demanda y refirió que cuenta con una organización con experiencia y trayectoria que han impedido que jamás se suscitaran hechos como el referenciado en la demanda.
Sostuvo que Mariano provocó una situación de agresión con otro concurrente, que allí se tomaron a golpes y si el joven sufrió alguna lesión la misma le fue causada por un tercero al cual el agredió y de ninguna manera por personal de la empresa.
Contestado el traslado conferido, a fs. 42 se procedió a la apertura a prueba de estos obrados, proveyéndose a fs. 46 la ofrecida por las partes.
Producida la pertinente, a fs. 280 se llamaron autos para sentencia, dictándose el pronunciamiento respectivo a fs. 281/290.
III. DE LOS AGRAVIOS:
1)-De los actores Stella Maris Fanti de Soriani y Jorge Soriani:
Se agravian por cuanto la sentencia apelada no contempló su reclamo por daño moral.
Asimismo se alzan por el bajo monto otorgado en concepto de gastos realizados, destacando que debieron dejar de trabajar para atender al hijo de ambos, cuya recuperación demandó mucho tiempo, necesitando trasladarlo en autos de alquiler y solventar medicación y demás gastos médicos.
2)-Del actor Mariano Soriani:
Se agravia por el monto fijado en concepto de incapacidad sobreviniente.
Se alza asimismo, por cuanto el Sr. Juez de la anterior instancia ha considerado dentro de la incapacidad funcional al daño estético.
3) De la demandada:
Se agravia por la atribución de responsabilidad, realizando su propia valoración del material probatorio colectado.
Se alza genéricamente por la cuantificación de los daños, sosteniendo que la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos ($ 45.800) excede cualquier marco de reparación.
Se agravia por la tasa de interés aplicada y por la condena en costas.
IV. CONSIDERACIÓN DE LAS QUEJAS.
1)-Responsabilidad:
No cabe duda que la relación entre un cliente de local bailable y la sociedad que explota o es propietaria del mismo, resulta ser de naturaleza contractual. Dicha relación engendra, al lado de un conjunto de deberes primarios que tipifican la prestación principal del titular de la discoteca (música, pista de baile, luces, suministro de bebidas, etc.) un deber de seguridad que, como obligación accesoria integra y ensancha, implícita o tácitamente, aquella prestación principal, imponiendo a aquel la toma de todas las medidas razonables de custodia y vigilancia para prevenir y evitar, fundamentalmente, los daños a que sus clientes se encuentran expuestos por diversos sucesos (enfrentamiento entre grupos, grescas bilaterales, acciones de sujetos alcoholizados o con el entendimiento obnubilado, etc.) que de forma bastante común se producen dentro del ámbito del local o en los sectores de ingreso o egreso del mismo.
Ha dicho la Suprema Corte de Justicia de nuestra Provincia de Buenos Aires al respecto que: "Ni la adjetivación de tácita o implícita que se brinda a tal obligación de seguridad, ni su caracterización como accesoria al deber principal, han de oscurecer u ocultar la importancia cardinal que su debida satisfacción posee para facilitar y permitir cumplimentar este último al punto tal, que en supuestos como el que nos ocupa puede decirse que ella se conjuga como una parte esencial de la prestación principal. En la realidad de nuestros días y nuestras noches, la preeminencia e importancia de este deber de seguridad no solo ha cobrado notoriedad por la difusión que los medios hacen de la existencia de personas, grupos o equipos contratados a tales efectos y de algunas de sus acciones (no siempre conformes a derecho) sino que, además, en distintas localidades es exigida por la autoridad municipal. (SCBA. Ac. 75.111 sentencia del 14/4/2004).
Podemos definir entonces al deber de seguridad como la obligación accesoria en virtud de la cual el titular o concesionario de una discoteca debe, además de aquel complejo de deberes primarios que se conjugan en la prestación principal prevista en el contrato (servicio de música, escenario para el baile y esparcimiento, suministro de bebidas, entremeses, bocadillos y otros tipos de comestibles), velar por que ni las prestaciones o servicios brindados, ni los objetos o dependientes suyos, ni la actividad (o movida, para decirlo con la jerga juvenil), desórdenes y pasiones que genera el objeto propio de su quehacer comercial -en el cual encuentra su provecho y ganancias- provoquen daños en las personas o los bienes de sus clientes (SCBA Ac. 75.111 sentencia del 14/4/2004 del voto del Dr. Roncoroni).
En el caso que se trae, la obligación tácita de seguridad posee un fin propio, cuyo incumplimiento puede ser demandado en forma independiente del deber primario que pudo haber sido cumplido. El joven acudió a la disco, donde encontró un lugar adecuado para el esparcimiento, baile y relación social con personas de edades afines a la suya pero sufrió en el mismo local severos daños físicos y morales.
Dependerá de la ponderación del material probatorio colectado, determinar si esos daños le fueron ocasionados por dependientes de la accionada o por terceros extraños, exteriores o fuera del marco del control empresario.
A fs. 82/84 declara el testigo Félix Gabriel Spaltro quien a fs. 82 dice que: "...estaban dos chicos discutiendo, hablando y bueno el fue a separarlo para que no discutieran, fue a hablar con ellos para que no discutieran y en ese momento lo agarraron de atrás por la espalda y después vinieron dos mas, le empezaron a pegar, le pegaron, le pegaron y lo sacaron afuera, lo tiraron a la calle, después creo que se dieron cuenta de lo que habían hecho una persona lo entró y le trataba de dar atención".
Sigue diciendo el mismo testigo a fs. 82 vta. que: "Estos tres chicos eran del boliche..." ... "...lo que si yo vi era que le empezaron a pegar sin motivo y eran pibes que trabajaban para el boliche".
A fs. 89/92 declara el testigo Nuñez Leandro Oscar quien a fs. 89 relata: "...hubo una discusión, el se metió en el medio para separarlos y después vinieron los de seguridad del boliche y lo empezaron a golpear... las personas de seguridad del boliche eran tres, se que eran del boliche porque tenían una chomba o camisa con el logo del boliche, creo que la chomba o la camisa era celeste o gris clarita, de ahí lo sacan y lo tiran a la calle y una persona distinta del boliche lo hace entrar para curarlo..."
La testigo Ponce María Eva, quien depone a fs. 94/97 y reconoce ser empleada del guardarropas de la accionada, aún con una declaración cuidadosa, reconoce la intervención del personal de seguridad contratado por la accionada al decir que: "...y ahí vino seguridad a separarlos, los agarraron con los brazos para atrás y los sacaron..." (fs. 94 vta.).
El testigo Di Lernia Guillermo Carlos, cuya declaración obra glosada a fs. 100/102 expone: "Si, yo ese día lo ví, estaba trabajando ahí, salgo y lo veo al costado de la disco todo lastimado y con sangre y lo hice entrar a la disco para darle un poco de hielo..." (fs. 100).
A fs. 105/108 depone el testigo Alegretti Martín Nicolás quien afirma: "...yo estaba discutiendo con otra persona que yo no conocía pero Mariano si, y apenas estábamos por irnos a las manos cuando vienen unos patovicas, eran tres, primero viene uno solo que lo agarró del cuello de atrás y le entró y lo tiró para abajo y le daba puños de golpe con la otra mano..." (fs. 105).
A fs. 147/149 declara el testigo Intonio Sebastian Ezequiel, quien a fs. 147 dice que: "...veo que le empiezan a pegar los del boliche, los patovicas, eran tres, primero empezaron dos y después se sumó otro más". Sigue diciendo el mismo testigo a fs. 147/147 vta. que: "...después de esto veo que le pegaron a Mariano, lo empiezan a sacar, se lo llevaron arrastrando los tres patovicas y ahí mismo le iban pegando..."
Las posiciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, absueltas en rebeldía por la accionada, conforme el pliego que luce agregado a fs. 110, corroboran las declaraciones.
Conforme vengo exponiendo, desde que ha quedado acreditado que la agresión que sufriera el actor y que motivara los daños padecidos, provino de la acción del personal de seguridad de la accionada, y más allá de la falta de coincidencia entre el concepto jurídico de dependencia y la dependencia laboral, lo cierto es que el personal llamado "de custodia" pertenece a la dotación de la demandada.
Siendo esto así, la empresa bailable se prevale de la actuación de estos "custodios" para el cumplimiento de sus fines, y en tal sentido estos "agentes de seguridad" resultan dependientes jurídicos por quienes la empresa demandada Disclub S.R.L., explotadora de Complejo L'Evento Disco, debe responder (art. 1113 primera parte del C.C.).
En su consecuencia, la queja vertida por la accionada debe ser desestimada y la sentencia apelada confirmada en el punto. Asi lo dejo propuesto al Acuerdo.
2)-Incapacidad Sobreviniente:
Obviamente la actora apelante, no se queja por el progreso de este reclamo, sino que se disconforma únicamente con el monto que al acogimiento del mismo ha asignado el Sr. Juez de la anterior instancia. Y, la accionada desliza una queja genérica que relaciona con el monto total por el que ha prosperado la demanda, que por tratarse de una mera discrepancia con lo decidido, no habrá de merecer tratamiento en esta instancia (art. 260 del CPCC).
Nos enseña Matilde Zavala de Gonzalez en relación a la valuación del daño y determinación de su valor, que "valuar el daño" supone establecer su contenido intrínseco, su composición material, con las posibles oscilaciones que haya podido tener o que previsiblemente ocurrirán en el futuro. Se trata de estimar el perjuicio mismo como tal.
En cambio, determinar el valor del daño es definir su entidad económica o significación pecuniaria, a fin de precisar la medida justa en que se debe ser indemnizado.
La responsabilidad del daño se conecta con el supuesto de hecho de la responsabilidad civil, mientras que la indagación de su valor nos traslada a la consecuencia jurídica: el resultado reparatorio. Aquello es "el que" a resarcir, esto último conduce al "cuanto" resarcitorio. Los interrogantes jurisdiccionales versan, por tanto, sobre cual y como es el daño y, en segundo término, en que cantidad es apreciable económicamente, con el objeto de liquidar el monto indemnizatorio.
Independiente del análisis que llevaré a cabo respecto no solo de la pericia, sino de todo el plexo probatorio producido por las partes, adelanto que los jueces de mérito pueden preferir alguna de las pruebas producidas a otras y omitir toda referencia a las que estimen inconducentes; que basta expresarse en su valoración de los datos fácticos a aquellos dirimentes para la solución del caso, y que no deben seguir al pie de la letra las argumentaciones de las partes, siendo suficiente que se pronuncien sobre las cuestiones fundamentales (Doct. art. 384 CPCC; Ac. 22330 del 13-X-76; Ac. 33589 del 2-XI-84; Ac. 33693 del 25-IX-84; Ac. 41085 S 7-7-89; Ac. 82248 S 23-4-03, entre otros).
Si bien el juez tiene el deber de apreciar la prueba, ello no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, sino de seleccionarlos a fin de fundar el fallo en los más eficientes, tal como viene de la acción de los artículos 163 y 384 de la ley procesal.
Es que no existe imposición de merituar todas y cada una de las pruebas arrimadas pues se halla dentro de las facultades legalmente regladas -como ya lo referí- la de preferir uno sobre otros sin siquiera hacer mención de estos últimos, cuando no resulten relevantes para la dilucidación de la cuestión litigiosa. (CALZ SALA I, in re "G. DE V. C. N. C/ V.C.A. S/ ALIMENTOS" CAUSA Nº 58.267 REG. SENT. DEF. 545/03).
Resta decir, que conforme viene expresando esta Sala I -criterio que se ha mantenido a lo largo de sus distintas composiciones-, para establecer la indemnización por incapacidad sobreviniente a los daños físicos, no existen pautas fijas. Se trata de circunstancias de hecho variables de caso en caso y libradas por ello, a la apreciación judicial, atendiendo a las circunstancias particulares del damnificado, debiendo establecerse en función de todas las actividades del sujeto y de la proyección que las secuelas del infortunio tienen sobre la personalidad integral de quien las sufre, apreciando a tal fin la naturaleza de las lesiones, edad, sexo, actividades que desarrolla, etc. Este principio debe ser interpretado con amplitud en el sentido del resarcimiento pleno de todo el daño material proveniente de secuelas que consisten en incapacidad sobreviniente, en torno a la doctrina que reconoce la vida humana como fuente de posibilidades económicas para el lesionado y su familia (Conf. CNCiv. Sala D octubre 29/975 L 1976-C-4242; 33.627-S Rep. LL XXVII 833 S. 782 entre otras y esta Sala en causas 60.469 y 60.469 bis del 15/11/05 RSD 403/05).
Afirma el perito médico oftalmólogo en su pericia de fs. 141/144, a fs. 143 vta. que: "Las actividades laborales y deportivas se encuentran limitadas por la pérdida de la agudeza visual y por el riesgo potencial, en caso de la deportiva (básquet) por los golpes que pudiera recibir sobre los globos oculares, precipitando la evolución de los queratoconos a la queroplastia penetrante."
El mismo perito, al efectuar sus conclusiones a fs. 144 dice que: "...el actor sufrió una lesión contusa sobre el globo ocular izquierdo..."
Sigue diciendo en la misma foja el experto que: "Con respecto a determinar las lesiones y/o secuelas oculares, digo que las mismas, deben ser tomadas en un conjunto con las propias presentes, de la patología preexistente, dado que el trauma existió; además, y en función de que no se puede diferenciar el grado de afección producto del hecho, como asimismo no puede determinarse el grado de agravamiento por pérdida de visión del ojo derecho a consecuencia de la alteración del ojo izquierdo. La incapacidad resultante es parcial y permanente en un 40 % tomando las tablas del prof. Dr. José A. Sená, avalado por el Consejo Argentino de Oftalmología, referente a la pérdida de visión de ambos ojos, al día del examen. Considerando lo anterior y la futura evolución de la patología de base, este perito sugiere a V.S. A partir de las diferencias en el porcentaje atribuido, es decir, otorgarle al actor un 20 % de incapacidad producto del hecho de marras.".
Dado que el dictamen pericial se ha efectuado con seriedad y rigor científico, no habré de apartarme de sus conclusiones (art. 474 CPCC).
En mérito a todo lo que se ha expuesto, el quantum indemnizatorio fijado en la apelada sentencia por este concepto resulta insuficiente, con soporte en las conclusiones del dictamen pericial médico, visto el tenor de las secuelas funcionales, y en atención al porcentual de incapacidad que se ha estimado, dando particular trascendencia a la edad de la víctima frente a la incapacidad sobreviniente, la disminución en su capacidad laborativa, propongo al Acuerdo, hacer lugar a la queja actoral y modificando la apelada sentencia en este punto, elevar la cuantía indemnizatoria a la suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) en este concepto.
3)-Daño Estético:
Si bien el Sr. Magistrado de la anterior instancia no ha omitido el tratamiento de este reclamo, ha procedido a incluirlo dentro del acápite que dedica a la incapacidad sobreviniente a los daños físicos.
Por su naturaleza, he preferido en esta oportunidad, dar tratamiento separado a este reclamo que motiva la queja.
Es pertinente aclarar que como ya ha dicho esta Sala -y según viene reiterando desde sus integraciones anteriores-, en un principio solo se computaba como lesión estética aquella equivalente a "fealdad", más aún a "deformidad" o "desfiguración". De tal manera, el Esboco de Freitas especificaba que si el ilícito fuere por heridas u otra ofensa física, la reparación consistiría "en la indemnización del perjuicio probable; si de la herida u ofensa resultó deformidad que impida al ofendido continuar su profesión u oficio, o si la que le ha resultado puede influir en el futuro en las ventajas de su posición" (art. 3644). Por su parte, el Proyecto Argentino de Reformas de 1936, disponía: "Si a consecuencia del hecho se hubiera producido ?desfiguración?, se abonará el perjuicio que de tal circunstancia pudiera derivarse para el porvenir de la persona, teniendo en cuenta su sexo." (art. 872).
El concepto jurídico actual de la lesión estética es mucho más amplio que el antiguo y que el común. Para el derecho ingresa dentro de dicha noción no solo la afectación de la belleza, de la armonía, o perfección física (cualidades de las cuales la víctima podía carecer antes del hecho dañoso); también la de su normalidad o regularidad (atributos que gozan de ordinario los seres humanos, bellos o feos).
Por lo tanto se computa como perjuicio de este tenor toda modificación exterior de la figura precedente o alteración del esquema corporal aunque no sea desagradable ni repulsiva. El disvalor ínsito del daño estético resulta lo "distinto", con relación a la presentación física anterior al hecho. (CALZ Sala I RSD 294/03).
En lo que nos interesa, el perito médico oftalmólogo, ha determinado que el actor "sufrió una lesión contusa sobre el globo ocular izquierdo por acción directa de un cuerpo vulnerante, que alcanza al ojo izquierdo (objeto de borde suave y redondeado de alta densidad, como puede ser un puño) y lesiona también la piel vecina, al borde orbitario, propiciando una herida cortante y cicatriz secuelar." (fs. 144).
Ilustra también al respecto el anexo fotográfico adunado a la demanda.
El perito médico, en su dictamen de fs. 165/168 dice que: "En el rostro se observa una cicatriz ubicada por debajo del ojo izquierdo, paralela al reborde orbitario inferior y a 1,5 cm. del mismo. Tiene tres centímetros de longitud por un milímetro de ancho, acrómica, no retractil ni adherente a los planos profundos" (fs. 166).
El mismo perito a fs. 167 vta. sigue diciendo que: "Respecto a la secuela cicatrizal, la misma no implica secuela funcional pero por su lugar de asiento en un sitio permanentemente expuesto, resulta generadora de daño estético.".
En posterior presentación del mismo experto, donde subsana omisión de establecer el porcentual de incapacidad a fs. 171 dice: "El señor Mariano Soriani es portador en la actualidad de una incapacidad de carácter parcial y permanente con un grado de minusvalía del 05,00 % de la Total Obrera.".
No puedo olvidarme al momento de establecer la cuantía que habré de asignar a este ítem, que la víctima del infortunio de autos resulta ser muy joven, y que la cicatriz se encuentra ubicada en el rostro, por lo cual el daño estético adquiere especial trascendencia. En razón de ello, si mi opinión es compartida, propongo al Acuerdo modificar la sentencia de grado, incluyendo en la condena a la accionada, la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) en concepto de Daño Estético del actor.
4)-Daño moral de los padres.
Se alzan los padres de la víctima, también recurrentes, con relación a la falta de ponderación de este rubro. Conforme se trata de un rubro omitido, procederé a darle tratamiento. (art. 273 CPCC).
Si bien el daño moral,. en principio, sólo puede ser concedido al damnificado directo, conforme establece el artículo 1078 del Código Civil, obsérvense los términos de la demanda, donde los progenitores se presentaron por sí y en representación de su hijo menor.
A fs. 12, con puntual relación al reclamo por daño moral, afirmaron que: "Como así también procede tal rubro respecto de los actores (padres de la víctima) atento el sufrimiento que padecemos al ver a nuestro hijo, en primer lugar, ensangrentado en el establecimiento cuando lo fuimos a auxiliar, imagen esta que jamás se nos borrará de nuestras mentes, como así también la situación actual que padecemos, atento el asilamiento que manifiesta nuestro hijo en la actualidad, situación que no podemos sobrellevar acabadamente."
Al respecto, creo necesario referirme a la doctrina emanada del Máximo Tribunal Provincial en Ac. 85129 de fecha 16 de mayo de 2007, que declaró la inconstitucionalidad de la norma del artículo 1078 del Código Civil.
Advertiré que nuestro Excmo. Tribunal Provincial ha expresado que por regla, la nueva doctrina sentada por cambio de jurisprudencia resulta aplicable retroactivamente a los casos en situación de ser fallado, salvo excepciones que no se configuran en autos (SCBA, Ac. 58157 S 4-11-1977).
El Máximo Tribunal Provincial ha tratado recientemente en el Ac. 85.129 la cuestión referida a la posibilidad de conceder una indemnización por daño moral a los progenitores de un sujeto, que luego del evento dañoso no falleció. En virtud del claro texto del artículo 1078 del Código Civil su acción se encontraría vedada, mas la Casación provincial resolvió, el en caso particular, respecto a la inconstitucionalidad del dispositivo.
El Dr. Roncoroni, en el mencionado precedente, analiza la cuestión de la sujeción del precepto a la normativa constitucional, concluyendo que el texto del artículo 1078 del Código Civil constituye un "escollo insalvable" para la realización de la justicia en ese caso concreto. Contraponiendo el mencionado dispositivo con el artículo 1079 del mismo cuerpo legal, concluye que la distinción realizada respecto a la legitimación para accionar según se hubiere sufrido un perjuicio patrimonial o extrapatrimonial, genera una desigualdad ante la ley que se encuentra en colisión con preceptos de orden superior (arts 16 y 31 Const. Nacional).
A su vez, hecha por tierra el argumento que da fundamento a la norma, que es aquél que dice que no se concede acción en estos casos para evitar la proliferación de acciones, diciendo que la existencia de daño cierto y relación causal adecuada, serán los elementos necesarios para poner coto al desmadre que se quiere evitar desconociendo legitimación activa a los damnificados indirectos.
Por su parte, el Dr. De Lazzari, sin perjuicio de adherir al voto mencionado anteriormente, aporta fundamentos propios para declarar la inconstitucionalidad del artículo que nos ocupa. Además de entender que existe violación del artículo 16 de la Ley Fundamental de la Nación, agrega que en el artículo 19 del mismo cuerpo legal se encuentra ínsito el principio general que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero. Y que como consecuencia lógica de este principio se extrae que quien lo infringe, se encuentra obligado a una reparación, justa. Con referencia al derecho a la reparación, el Ministro dice que el mismo se encuentra garantizado por los Tratados incluidos por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Finalmente, concluye que a la luz del juego armónico de los artículos 14 y 28 de la Carta Magna, una ley que reglamenta el ejercicio de derechos reconocidos por cláusulas constitucionales debe arbitrar medios razonables para alcanzar su fin. Para fundar la irrazonabilidad de la norma dice que "La reglamentación legislativa no debe ser infundada o arbitraria sino justificada por los hechos y las circunstancias que le han dado origen y por la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido. Lo razonable en sentido jurídico político supone equilibrio, moderación, armonía. Lo razonable, en fin, quiere decir lo axiológicamente válido según las circunstancias del caso, lo oportuno, lo conveniente en función de todos los valores (Linares Quintana, "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", ed Alfa, t. III, p. 355 y sgts). Entiende que no existe razón valedera para mantener la distinción realizada por los artículos 1078 y 1079 del Código Civil.
La presente solución es tratada también en el ámbito de la doctrina. Zavala de Gonzalez, en ocasión de abordar la cuestión se pregunta si son justas y convenientes las limitaciones legales a la facultad de obtener el resarcimiento de ciertos daños. Dando respuesta a ese interrogante dice que la regla de la plenitud de la reparación, implica que el responsable de una situación lesiva debe resarcir todo el daño causado, lo que de suyo abarca también los daños indirectos. La manera en que el hecho se traduce en un perjuicio -inmediatamente o por reflejo- constituye una circunstancia que no enerva la realidad e injusticia del daño producido. Tampoco la clase de daño de que se trate (moral o patrimonial) desvirtúa la esencia clasificada: el daño mismo. ¿Por qué en ciertos perjuicios rigen restricciones legitimantes (art. 1078) y en otros no (art. 1079) si todos ellos son en lo básico menoscabos injustos, cualquiera sea la esfera -espiritual o material- en que se constatan? No se encuentra respuesta lógica ni axiológica que pueda justificar la discriminación, lesiva del principio de igualdad jurídica (art. 16 Constitución Nacional) (Zavala de Gonzalez, "Resarcimiento de Daños. Daños a las personas. Integridad psicofísica" 2a, ED Hammurabi, 2ª edición, 1996, Pags. 655 y sgtes).
Propone la citada jurista, que el único freno "jurídico" debe derivar de los requisitos comunes a todo daño resarcible, en especial, su certeza y relación causal con el hecho. Cumplidos estos presupuestos, debe brindarse la debida tutela resarcitoria a todas las afecciones legítimas conculcadas, que puedan invocar los "allegados" (así no sean parientes) de la víctima de un hecho lesivo para su integridad personal (Obra citada).
Los magistrados cuentan con amplias atribuciones para marginar los abusos en las reclamaciones resarcitorias (art. 1071 Cód. Civil) y para apreciar la realidad y legitimidad de los afectos invocados por los accionantes, en función de las circunstancias del caso y de las valoraciones vigentes en la sociedad. Sin embargo, lo que casi ya no se duda es que resulta demasiado severa la circunscripción del derecho indemnizatorio por daño moral a la víctima inmediata que sobrevive al hecho y que, al menos, dicho derecho debe ser extendido a los parientes cercanos que acrediten o a cuyo respecto pueda presumirse un fuerte impacto emocional por el suceso lesivo de la integridad psicofísica o espiritual de un familiar (Obra citada).
Sin embargo, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre el subexámine y el precedente citado, entiendo que en este caso, no debe concederse indemnización por daño moral a los padres de la víctima de autos.
En efecto, debe tenerse presente que la procedencia de esta indemnización deberá entenderse como sumamente excepcional, teniendo en cuenta que ésta es la forma de plasmar la justicia en el caso concreto. La declaración de inconstitucionalidad de la norma (o más exactamente, la inconstitucionalidad de su aplicación al caso), no se proclama en abstracto, sino en una causa abierta. Tampoco se trata de un dictum, u opinión de los miembros del tribunal, sino de una declaración estrictamente determinada, provocada, por pretensión de mejoramiento del resultado del proceso en que el recurso intentado consiste (SCBA, Ac. 85129, 16/05/2007).
En virtud de ello, para declarar concretamente la inconstitucionalidad en un caso debe llegarse a que la aplicación de determinado dispositivo legal a los supuestos de hecho ventilados, lleve a una solución disvaliosa, contraria al ordenamiento jurídico superior, ya sea por violentar garantías o derechos explícita o tácitamente reconocidos por la ley fundamental o bien por constituir la reglamentación un medio irrazonable para alcanzar los fines buscados por el espíritu de la norma.
Creo que en este litigio no se verifica una situación de falta de razonabilidad de la reglamentación, que vede reparación de un daño cierto existiendo un nexo causal suficiente.
Es del caso señalar que se debe acudir a este remedio, en el absoluto convencimiento que no existe otra forma de evitar la lesión del derecho conculcado.
No se puede cuestionar el sufrimiento de los padres por la salud del joven, no sólo en el momento mismo de la agresión, sino respecto al temor que los debe embargar respecto al futuro del hijo, que presenta trastornos físicos de cierta entidad, a consideración de los expertos, sin embargo por las características del planteo deducido y el caso de autos, la queja no habrá de tener acogida favorable.
No obstante, y considerando el tipo de secuelas observadas en el joven y conforme las especiales circunstancias del caso en estudio, estimo que, debe incluirse la cuestión omitida, aunque el reclamo por daño moral de los padres debe rechazarse y así lo propongo al Acuerdo.
5)-Gastos de Asistencia y traslados:
Comparto íntegramente la fundamentación vertida al respecto, por el Señor Juez de Primera Instancia al hacer lugar a la indemnización reclamada en este concepto, en favor de los padres del joven agredido.
Respecto a este rubro, cuestionado en torno a su cuantía, desde ya que la falta de constancias de los gastos efectuados, conspira contra su precisa determinación, pero las máximas de la experiencia indican que en sintomatologías dolorosas se requiere la utilización de medicamentos o tratamientos paliativos, y que, en general, ciertos gastos no cuentan con una registración adecuada.
Aún cuando la víctima sea atendida en establecimientos públicos o por cuenta de obra social, subsisten todo tipo de gastos -no siempre módicos- que deben ser solventados por el paciente.
Así, la doctrina judicial atempera el rigorismo formal, por la dificultad de la obtención de documentación acreditatoria.
Ahora bien, cuando la actora sostiene la insuficiencia del monto fijado en la anterior instancia, ha de tener en cuenta que a los fines pretendidos, hubo de acompañar aquella documentación a la que pudo haber accedido, para posibilitar el cotejo de la realidad -al menos parcial- de los gastos efectuados dando razón de la justicia de lo pretendido y las diferencias entre esa suma con la efectivamente asignada en este concepto.
Por ello, y no habiendo la parte actora aportado prueba tendiente a demostrar la existencia de erogaciones que hagan inadecuado el monto reparatorio dispuesto y tampoco la existencia de otras sumas que deban ser objeto de compensación en este mismo concepto, entiendo que no debe adicionarse suma alguna a las ya estimada (arts. 165, 375 y 384 del CPCC).
Resulta justo permitir el adecuado uso de la facultad otorgada a los jueces por el art. 165, tercer párrafo del Código Procesal, que, en la especie, entiendo se ha utilizado de manera equitativa y razonable por parte del Sr. Magistrado de la Instancia de origen, por lo que propongo confirmar en el punto lo resuelto en la sentencia apelada, desestimando las quejas vertidas.
6)-Intereses:
Referido al agravio formulado respecto de la tasa de interés establecida en la instancia de origen -Tasa Pasiva para la totalidad del período comprendido entre la fecha del suceso dañoso y la de la sentencia y Tasa Activa a partir de allí y hasta el efectivo pago-, cabe recordar que como, era la doctrina de esta Alzada que al capital de condena debía adicionarse un plus en concepto de intereses, a la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento (Tasa Activa) siguiendo las directivas impuestas por el Código Civil (art. 509, 622 y ccdtes), haciéndose eco de una razonable discreción en torno a la determinación de la tasa de interés aplicable (CSJN, autos "Bco Sudameris c/Belcam" -Fallos: 317:507, Sent. Del 17-V-1994).
Esta Sala en anteriores integraciones, para casos como el presente, propiciaba la aplicación de los índices de la Tasa que Cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para giros no cubiertos -sin autorización- en cuenta corriente para todos los períodos posteriores al 6/1/2002 (CALZ Sala I, RSD 204/02, "Lescano, Claudia c/ Clínica Privada de Salud Mental s/ Ds. y Ps." entre muchos otros).
Cuando las circunstancias fácticas, llevaron a revisar la propia jurisprudencia, se entendió la pertinencia de morigerar aquellos índices en una utilización responsable del prudente arbitrio judicial al que estas cuestiones quedan reservadas, pero sin perder la lógica que impedía -en pos de la seguridad jurídica- ordenar que el deudor moroso abonara intereses menores que los que pagaría cualquier entidad bancaria, modificamos el criterio que sostuviéramos con la anterior composición de esta misma Sala, propiciando que a partir del 6/1/2002 y hasta la fecha del efectivo pago se aplicaran los índices de la Tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones ordinarias de descuento. (CALZ Sala I "Escalada María c/ Carbajal Manuel y otros s/ Daños y Perjuicios" Causa Nº 65.990 RSD 434/08 sentencia del 16/12/02 entre otros).
Ello no obstante, posterior doctrina legal de nuestra Casación Provincial obliga al Tribunal, sin perjuicio de no compartir el infrascripto los fundamentos que la sostienen, a variar la posición mantenida hasta la fecha porque ha resuelto que la determinación de la tasa de interés efectuada por los jueces de grado no puede quedar privada de los efectos que le son inherentes en el marco de la competencia que las normas de la constitución local asignan al Tribunal Supremo.
Por ese motivo, como ya he dicho antes de ahora -en anterior integración de esta misma Sala, he preopinado al respecto en autos "Medina Gloria del Carmen c/ Línea 293 s/ Daños y Perjuicios". Expte. Nº 66.996 RSD 208/09 sentencia del 10/11/09 y "Villar Carlos c/ Empresa San Vicente S.A. s/ Daños y Perjuicios" Expte. Nº 66.875 RSD 213/09 sentencia del 10/11/09.
En los precedentes citados, he dicho que en el voto del Dr. Luis Esteban Genoud -Presidente de la Excma. SCBA-, que receptara la mayoría, quedó establecido que dicho tribunal "como verdadero órgano judicial de casación, cuya télesis -por lo menos, una de sus facetas- consiste, nutrida por el valor de la seguridad jurídica y la vigencia del principio de igualdad ante la ley, unificar la jurisprudencia.".
Agregando "que la uniformidad brinda certeza, y a ello cabe referirse cuando se enfatiza en la necesidad de afianzar la seguridad jurídica: la previsibilidad de la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas, de modo que cada ciudadano pueda conocer con certeza sus derechos y obligaciones y prever, razonablemente, los efectos de sus actos.".
Como conclusión, el Máximo Tribunal, por esa mayoría, resolvió mantener su inveterada doctrina legal aplicando al capital de condena en materia de daños y perjuicios la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprometidos, y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (conf. art. 7 y 10 Ley 23928, modif. Por Ley 25561, 622 Cód. Civil; conf causas Ac. 57803, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", Sent. 17-II-1998, entre muchas otras). Y todo ello pese al abandono de la paridad cambiaria (Ley 25561).
Es mi íntima convicción, y por ello discrepo con el voto que hizo mayoría en el tribunal, que la verdadera doctrina en materia de fijación de tasa de interés es una cuestión de hecho ajena a la Casación y que conforme la doctrina del Máximo Tribunal Federal que citara supra, debe ser establecida por los tribunales inferiores con una razonable discreción.
Es así que estoy persuadido que es el voto del Dr. Juan Carlos Hitters, único en disidencia, el que se compadece con la verdadera doctrina del Tribunal de Casación, habida cuenta que en definitiva, como bien expresa el Sr. Ministro "estamos frente a la cuantificación de un rubro indemnizatorio (el perjuicio por la ausencia de disponibilidad tempestiva del monto de la condena). En este sentido, es casi ocioso recordar lo reiterado de la doctrina de este cuerpo según la cual la valuación de los perjuicios constituye una cuestión de hecho ajena a la competencia casatoria, regla que solo puede excepcionarse cuando la prerrogativa de los jueces de la instancia ordinaria no ha sido ejercida con la necesaria prudencia y razonabilidad que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir cuando ha mediado absurdo (Ac. 74365, sent. Del 20-IX-2000; Ac. 82947, sent del 2-IV-2003; Ac. 95628, "Valdez", del 23-V-2007; C. 102346, "Garcia", sent del 13-V-2009, entre otras).
Como corolario de lo que hasta aquí he expuesto, reiterando para este caso las consideraciones citadas, propongo al Acuerdo, modificar la sentencia de primera instancia, en cuanto dispone aplicar al capital de condena desde la fecha del pronunciamiento y hasta la del efectivo pago, la tasa de interés que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, debiendo aplicarse desde la fecha del hecho y hasta la del efectivo pago, la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprometidos, y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (Tasa Pasiva).
7)-Costas:
En cuanto a la queja traída en este punto, y porque se agravia el accionado de lo que fuera la imposición de costas he de decir que las costas, no revisten el carácter de "pena" que le asignaban las Leyes de Partidas, sino el de una "indemnización" debida al vencedor, de los gastos que al obligado a litigar le ha ocasionado su oponente. Se sigue así el pensamiento de Chiovenda al consagrar la teoría objetiva de la condena. En otras palabras, las costas son erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden (Chiovenda. La Condena en Costas, Madrid 1928 pag. 232; Podetti. Tratado de los Actos Procesales, pag. 101, Nº 30 SCBA A y S, vol. 3, pág. 255).
Como consecuencia de lo expuesto, se imponen con prescindencia de la buena o mala fe del vencido o de su mucha o poca razón (DJBA Vol. 43, pág. 954. Vol. 45, pag. 606), simplemente, atendiéndose al principio objetivo de la derrota, consagrado por la ley adjetiva, se impone la condena en costas al perdidoso (art. 68 del CPCC).
Sin perjuicio de ello, en casos como el presente, donde la queja se sustenta en la potencial revocación del decisorio, tal como lo pretende el demandado quejoso (art. 271 CPCC), vistas las consideraciones que anteceden, el agravio vertido en este sentido no puede ser receptado favorablemente.
Consecuentemente voto por confirmar en el punto la sentencia apelada.
En virtud de las razones y fundamentos expuestos, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales, no siendo íntegramente justo el decisorio apelado,
VOTO POR LA NEGATIVA
A la segunda cuestión, el Dr. Igoldi dijo que, por compartir los fundamentos, VOTA TAMBIÉN POR LA NEGATIVA.
A la tercera cuestión el Dr. Basile expresa:
Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión que antecede corresponde, desestimar el planteo de nulidad de la sentencia, modificar la sentencia apelada elevando los montos sentenciados en concepto de incapacidad sobreviniente y daño estético, modificarla asimismo en la tasa de interés fijada para el período comprendido entre el dictado de la sentencia y el efectivo pago, incluir la cuestión omitida en lo relativo al daño moral de los padres y confirmar en lo demás el pronunciamiento dictado, ello en la medida de los recursos y agravios.
Impónense las costas de Alzada a la demandada, quien continúa perdidosa en el pleito (art. 68 CPCC) y ordénase que los honorarios profesionales se regulen en su oportunidad (conf. Ley 8904).
ASÍ LO VOTO
A la tercera cuestión el Dr. Igoldi expresa que, por compartir los fundamentos, VOTA EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
SENTENCIA
En el Acuerdo celebrado quedó establecido que la sentencia no es nula y que la misma debe modificarse parcialmente en la medida de los recursos y agravios. Asimismo que las costas de la Alzada, deben imponerse a la demandada apelante que continúa perdidosa en el pleito (art. 68 del CPCC).
Por ello, consideraciones y citas legales;
1)-Desestímase el planteo de nulidad de la sentencia incoado por la demandada.
2)-Modifícase la sentencia dictada en lo relativo al monto asignado en concepto de incapacidad sobreviniente el que se eleva hasta la suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000); y en lo relativo al monto asignado en concepto de daño estético el que se eleva hasta la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000).
3)-Inclúyese el tratamiento de la cuestión omitida relativa al Daño Moral de los padres, lo que se rechaza.
4)-Modifícase la tasa de interés sentenciada para el período comprendido entre el dictado de la sentencia y hasta el efectivo pago, ordenándose la aplicación de la Tasa Pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires para la totalidad del período comprendido entre la fecha del hecho dañoso y la del efectivo pago.
5)-Confirmase en lo demás. la apelada sentencia, ello en la medida de los recursos y agravios.
6)-Impónense las costas de Alzada a la demandada que continúa perdidosa en el pleito, (art. 68 CPCC).
7)-Difiérese para su oportunidad la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes (conf. Ley 8904). Regístrese. Notifíquese y, consentida o ejecutoriada, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.
Norberto Horacio Basile - Carlos Ricardo Igoldi.

“M., M. y Otro c/ F., E. y Otro s/ Daños y Perjuicios” - “L., C. c/ M., M. R. s/ Daños y Perjuicios”. Responsabilidad Compartida en Accidente de Tránsito. No Utilización del Cinturón de Seguridad




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Responsabilidad civil por accidentes de tránsito > Presunciones de culpabilidad: > No utilización del cinturón de seguridad.

Siendo que en el presente caso los coactores no portaban el cinturón de seguridad al momento del accidente corresponde asignar el 85 % de responsabilidad al conductor del taxi coaccionado y el 15 % restante a los citados coaccionantes a título de culpa de la víctima (art. 1111 y 1113, Código Civil). Ello así, pues si la utilización del cinturón de seguridad respecto de todos los ocupantes de un vehículo es requisito indispensable para poder circular (Ordenanza Municipal de Rosario Nro. 6543/1998), no cabe sino concluir que no puede iniciarse la circulación hasta tanto no se cumplimente tal recaudo. Luego, el hecho de hallarse el taxi en circulación conlleva asumir que, o todos sus ocupantes utilizaban el cinturón de seguridad, o que quien inició la circulación (el chofer) no corroboró tal extremo. Más ello no implica que el incumplimiento apuntado gravitaba excluyentemente sobre quien estaba a cargo de la conducción. En efecto, no pueden desconocer los actores el deber legal que les imponía la utilización del dispositivo, aun cuando no les fuera exigido por el taxista. En suma, en relación a la utilización del cinturón de seguridad, resultan tan responsables los actores que omitieron su deber legal, como el conductor del taxi (profesional y, por ende, conocedor de los riesgos que implicaba) que no debió haber iniciado la circulación sin antes verificar el cumplimiento del recaudo por parte de sus pasajeros.

M., M. y otro vs. F., E. y otro s. Daños y perjuicios y su acumulado: L., C. vs. M., M. R. s. Daños y perjuicios /// Tribunal Colegiado de Instancia Única de Responsabilidad Extracontractual 2ª Nominación, Santa Fe Rosario; 22-02-2011

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Fallo:

VISTOS: Los presentes caratulados "M., M. y Ot. c. F., E. y Ots. s. Daños y Perjuicios", Expte. Nro. 189/2008, y sus acumulados "L., C. c. M., M. Rita s. Daños y Perjuicios", Expte. Nro. 1322/2009, y "L., C. c. M., M. s. Declaratoria de Pobreza", Expte. Nro. 1753/2008, todos en trámite por ante este Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, venidos a despacho a fin de dictar sentencia, conforme se ordena a fs. 120 de los citados en primer término.
1. Del Expte. Nro. 1322/2009 surge lo siguiente.
1.1. A fs. 1 y ss., C. L. y C. V. promueven demanda de indemnización de daños y perjuicios contra M. Rita M. y/o I. A. M. y/o Eduardo Raúl F. y/o quien resulte responsable, tendente a la percepción de los siguientes rubros: indemnización por incapacidad física; indemnización por daño moral; y gastos médicos no documentados.
Relatan que, en fecha 17.01.2008, siendo aproximadamente las 20.30 horas, viajaban en calidad de terceros transportados en el automóvil taxímetro Fiat Duna RA 0345, dominio BFK 455, de titularidad del codemandado Eduardo Raúl F., por calle Entre Ríos con dirección al sur. Al arribar a la intersección con calle Cerrito, fueron embestidos en el guardabarros delantero derecho por el vehículo VW Gol, dominio CWC 754, de titularidad del coaccionado I. A. M. y conducido en la emergencia por la codemandada M. Rita M., que se desplazaba a excesiva velocidad por esta última arteria en dirección al este.
Atribuyen responsabilidad en función de lo previsto por los arts. 1109 y 1113, CC.
Peticionan citación en garantía de La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales y Aseguradora Federal Argentina S.A.
Fundan su derecho y ofrecen pruebas.
1.2. Citadas y emplazadas las partes demandadas (fs. 8), a fs. 13 y ss. comparecen y contestan demanda los coaccionados I. A. M., M. Rita M. y La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, efectuando negativa puntual de los hechos afirmados por los actores en el escrito inicial.
A fs. 13 y ss., la aseguradora interviniente acata la citación en garantía que se le efectuara, reconociendo la existencia de relación asegurativa respecto del automóvil dominio CWC 754.
Admiten la existencia del hecho dañoso, así como las circunstancias de personas, tiempo y lugar.
Esgrimen la eximente de culpa de tercero por quien no se debe responder, en concreto la del conductor del taxi, en tanto infringió la prioridad de paso que asistía a M., erigiéndose también en carácter de embistente, y conduciendo a exceso de velocidad. Agregan que los coactores no portaban cinturón de seguridad.
Ofrecen pruebas.
1.3. A fs. 25 y ss. comparece y contesta demanda la citada en garantía Aseguradora Federal Argentina S.A., efectivizando negativa de estilo y acatando la citación que se le efectuara.
Admite la existencia del hecho dañoso, así como las circunstancias de personas, tiempo y lugar.
Aduce culpa exclusiva de tercero por quien no se debe responder, la codemandada M., en tanto circulaba a una velocidad excesiva y violó la prioridad de paso del taxi que había arribado a la intersección con antelación.
Ofrece pruebas.
A fs. 38 comparece nuevamente con diversos apoderados, aun cuando a fs. 46 se unifica la personería.
1.4. Citado y emplazado el codemandado Eduardo Raúl F. (fs. 8), a fs. 43 obra cédula notificatoria del primer decreto, pese a lo cual no comparece ni contesta la demanda, de lo cual se hace mérito a través del decreto de fecha 14.10.2009 (fs. 51, con notificación a fs. 52).
A fs. 65 el citado coaccionado comparece al pleito, otorgándosele la participación correspondiente.
1.5. Proveídas las pruebas (fs. 54), constan como producidas en autos las siguientes: periciales: médica (fs. 77 y ss.), y mecánica (fs. 84 y ss.).
2. Del Expte. Nro. 189/2008 surge lo siguiente.
2.1. A fs. 17 y ss., I. A. M. y M. Rita M. promueven demanda de indemnización de daños y perjuicios contra Eduardo Raúl F. y/o quien resulte responsable, tendente a la percepción de los siguientes rubros: daños ocasionados al vehículo (reclamado por el coactor M.); privación de uso (reclamado por la coactora M.); desvalorización del rodado (reclamado por el coactor M.); y daño moral (reclamado por la coactora M.).
Relatan análogas circunstancias de personas, tiempo y lugar, aun cuando reprochan al conductor del taxi de titularidad del demandado F. el haberse erigido en embistente, la violación a la prioridad de paso y la circulación a excesiva velocidad.
Atribuyen responsabilidad en función de lo previsto por los arts. 1109 y 1113, CC.
Peticionan citación en garantía de Aseguradora Federal Argentina S.A.
Fundan su derecho y ofrecen pruebas.
2.2. Citadas y emplazadas las partes demandadas (fs. 25), a fs. 26 obra cédula notificatoria del primer decreto cursada al codemandado Eduardo Raúl F., pese a lo cual no comparece ni contesta la demanda, de lo cual se hace mérito a través del decreto de fecha 29.04.2008 (fs. 27, con notificación a fs. 28).
2.3. A fs. 33 y ss. comparece y contesta demanda Aseguradora Federal Argentina S.A., efectuando negativa puntual de los hechos afirmados por los actores en el escrito inicial y acatando la citación en garantía que se le efectuara (fs. 33).
Admite la existencia del hecho dañoso, así como las circunstancias de personas, tiempo y lugar.
Esgrime la eximente de culpa de la víctima, toda vez que fue la coactora M. quien, circulando a excesiva velocidad, embistió al conductor del taxi.
Ofrecen pruebas.
2.4. Proveídas las pruebas (fs. 44), constan como producidas en autos las siguientes: a) informativas: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe (fs. 47), Municipalidad de Rosario (fs. 48 y ss.), Caja Forense (fs. 53), Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (fs. 54 y ss.), Unidad Regional II -Comisaría Quinta- (fs. 69 y ss.), y Sistema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito (fs. 73 y ss.); b) pericial: mecánica (fs. 88 y ss.); c) testimoniales: Hugo Adrián Villalba (fs. 119), y Daniel Fernando Villalba (fs. 119 vta.); y d) instrumental: los caratulados "Conductor taxi Fiat Duna dominio BFK 455 s. Lesiones Culposas. Víctima: M., M. Rita", Sumario Nro. 415/2008, que tramitara por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional de la Octava Nominación de Rosario.
3. Designada la audiencia a los fines del art. 555, CPCC (fs. 97) y habida la misma (según da cuenta el acta de fs. 119 y ss.), quedan los presentes en estado de emitir pronunciamiento definitivo.
Y CONSIDERANDO:
1. Cabe indicar, como previo al análisis de los hechos expuestos por la actora, que en el proceso penal (Sumario Nro. 415/2008) se ha dispuesto el archivo de las actuaciones, en función de lo previsto por los arts. 72, inc. 2°, Código Penal, y 501, Código Procesal Penal (vide Resolución Nro. 659 de fecha 17.03.2008, a fs. 29 del Sumario).
Tal decisión firme permite al Tribunal Civil examinar la responsabilidad de los hoy demandados en el hecho, por la distinta naturaleza de la responsabilidad penal y civil, extremo que se hace constar expresamente por la disposición contenida en el art. 1103, CC.
2. No habiendo contestado las demandas el codemandado Eduardo Raúl F., pese a hallarse debidamente notificado (cédulas de fs. 43 -Expte. Nro. 1322/2009- y fs. 26 -Expte. Nro. 189/2008-, de lo cual se hace mérito a través de los decretos de fechas 14.10.2009 -fs. 51 del primer trámite citado, con notificación a fs. 52- y 29.04.2008 -fs. 27 del segundo trámite citado, con notificación a fs. 28-), corresponde hacer efectivo el apercibimiento contenido en el art. 143, CPCC, resultando por tanto, aplicable en principio la presunción iuris tantum de reconocimiento de los hechos invocados por los actores en sustento de su pretensión.
Ello no obsta a que, en la especie, las cargas probatorias devengan inalteradas, toda vez que la negativa efectivizada por las litisconsortes aprovecha al no compareciente.
3. Por razones de índole metodológica, ha de continuarse por verificar la ocurrencia del hecho que se invoca como productor de los daños reclamados, para luego discurrir en la responsabilidad y la procedencia del resarcimiento, orden de análisis lógico, ya que no pueden evaluarse daños (en rigor, esto último luce inoficioso) si no se concluye antes el acaecimiento del suceso y la atribución de responsabilidad de la parte a la cual se le reclama su reparación.
Lo indicado resulta de fundamental importancia en razón que la comprobación de la existencia de las circunstancias afirmadas como ocurridas es el presupuesto necesario e insoslayable para luego aplicar el precepto jurídico que corresponda y decidir conforme a derecho la cuestión planteada (ROSEMBERG, Leo; "La Carga de la Prueba", 2° edición, Buenos Aires, B. de F., 2002, pág. 27).
Dicho de otro modo mas en igual sentido, en cada proceso debe probarse todo aquello que forma parte del presupuesto fáctico para la aplicación de las normas jurídicas, con la excepción del privilegio de exención probatoria conferido por la ley (DEVIS ECHANDÍA, Hernando; "Compendio de la Prueba Judicial", Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2000, tomo I, pág. 87).
3.1. En autos, todas las partes admiten que, en fecha 17.01.2008, siendo aproximadamente las 20.30 horas, el taxímetro Fiat Duna dominio BFK 455, de titularidad del codemandado Eduardo Raúl F., que llevaba como pasajeros a los coactores C. L. y C. V., circulaba por calle Entre Ríos con dirección sur.
También son contestes en que M. Rita M. guiaba el rodado de titularidad de I. A. M., VW Gol, dominio CWC 754, por calle Cerrito en dirección al este.
Finalmente, no se encuentra controvertido que, en la intersección de Entre Ríos y Cerrito, ambos rodados colisionaron.
El disenso se presenta en lo atinente a la velocidad impresa a los vehículos, al carácter de embistente, a la portación de cinturón de seguridad por parte de los pasajeros del taxi, y a la interpretación que cabe otorgar al dispositivo normativo que regla la prioridad de paso.
3.2. Las declaraciones efectivizadas por las partes son las siguientes.
Ante la autoridad policial refirió M. Rita M. que "el día jueves 17 de enero pasado, siendo las 20.30 hs., yo circulaba con mi vehículo marca Volkswagen Gol dominio CWC 754 por el carril derecho de calle Cerrito de oeste a este, cuando al llegar a la intersección con calle Entre Ríos, viendo que tenía libre el paso, comienzo a cruzar la bocacalle; en esas circunstancias y cuando ya había traspuesto más de la mitad de la intersección, mi conducido fue embestido en el lateral delantero izquierdo por el vehículo Fiat Duna dominio BFK 455 que circulaba por esta última arteria de norte a sur sin respetar mi prioridad de paso. A posterior descendí de mi vehículo y el conductor del taxi se negó a darme sus datos, sólo recabé el nombre del titular del vehículo siendo Eduardo Raúl F. (...)" (fs. 4, Sumario penal).
Indicó la citada, en oportunidad de su declaración ante el Sistema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito, que "Circulaba con mi vehículo por el carril derecho de calle Cerrito de oeste a este, cuando al llegar a la intersección de calle Entre Ríos, viendo que tenía libre el paso, comienzo a cruzar la bocacalle. En esas circunstancias y cuando ya había traspuesto más de la mitad de la intersección, mi conducido fue embestido en el lateral delantero izquierdo por el vehículo Fiat Duna dominio BFK 455 taxi que circulaba por esta última de norte a sur, sin respetar mi prioridad de paso" (fs. 75 vta., Expte. Nro. 189/2008).
Controvirtiendo tal versión contamos con el testimonio del coactor C. L., quien aseveró ante la preventora que "el día jueves 17 de enero pasado siendo las 20.30 horas venía junto a C. V. a bordo del taxi Fiat Duna RA 0345 circulando por calle Entre Ríos y al llegar a la intersección con calle Cerrito se cruza sin frenar un vehículo que circulaba por esa última arteria chocando al taxi en el guardabarros delantero derecho. A raíz del golpe pegué la cabeza contra el tablero resultando lesionado" (fs. 16, Sumario penal).
Avala tal relato la deposición de la coactora C. V., quien señala que "el día jueves 17 de enero pasado siendo las 20.30 horas venía junto a mi esposo C. L. a bordo del taxi Fiat Duna RA 0345 circulando por calle Entre Ríos y al llegar a la intersección con calle Cerrito se cruza sin frenar un vehículo que circulaba por esa última arteria chocando al taxi en el guardabarros delantero derecho. A raíz del golpe me desplacé hacia adelante y me golpeé con el apoya cabezas del asiento que se encontraba delante mío" (fs. 18, Sumario penal).
El conductor del taxi, José Marcelo Pérez en su declaración ante el Sistema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito, arguye elementos adicionales, expresando que "Circulaba con mi conducido por el carril izquierdo de la calle Entre Ríos hacia el sur, cuando en la intersección con calle Cerrito un automóvil (taxi) que circulaba por esta última arteria hacia el este me da paso, y en ese momento fui embestido en la parte lateral delantera derecha de mi unidad por un vehículo VW Gol dominio CWC 754 que circulaba por Cerrito hacia el este, el cual tiene obstruida su visión por el taxi" (fs. 74 vta., Expte. Nro. 189/2008).
3.3. De las constancias probatorias rendidas en autos puede extraerse lo siguiente.
La inspección ocular materializada por la autoridad prevencional evidencia que "calle Entre Ríos posee una capa asfáltica de unos 10,50 metros de ancho, con cordones de piedra y veredas embaldosadas, su sentido vehicular se encuentra orientado en su dirección norte sur, igual que su numeración municipal ascendente, observándose que del lado este de la arteria se encuentra marcada con líneas blancas una bicisenda de 1,50 metros. Que calle Cerrito posee una capa asfáltica de unos nueve metros de ancho, salvo que su sentido vehicular se encuentra orientado de oeste a este. Que las cuatro ochavas se encuentran edificadas (...). Asimismo se observan las siguientes circunstancias con respecto a tránsito vehicular: el mismo en horas del día es muy fluido, siendo más escaso en horas de la noche sin dejar de ser constante; tránsito peatonal: el mismo en horas del día y de la noche es relativamente fluido, siendo escaso en horas de la madrugada; iluminación: consta de cuatro lámparas en forma aérea lo que brinda buena visibilidad en condiciones normales en horas de la noche; capa asfáltica: se encuentra en buen estado de uso y transitabilidad" (fs. 2, Sumario penal).
Ante el Sistema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito se constató que el taxi dominio BFK 455 presentaba daños en "paragolpes delantero, óptica derecha, óptica izquierda, guardabarros delantero derecho, capot, radiador, y demás a verificar" (fs. 74 vta., Expte. Nro. 189/2008), mientras que el vehículo dominio CWC 754 en "ambos guardabarros delanteros, óptica delantera izquierda, lateral delantero izquierdo y demás daños a verificar" (fs. 75 vta., ídem).
La pericial mecánica producida en el Expte. Nro. 1322/2009, sin contar con las denuncias efectivizadas por ante el Sistema Integrado de Accidentes de Tránsito y el Sumario penal, concluyó que el día "17/01/2008, aproximadamente a las 20,30 hs., el automóvil Fiat Duna dominio BFK 455 taxímetro conducía como pasajeros a L. y a la Sra. Vallejo, circulando por calle Entre Ríos hacia el sur; al mismo tiempo por calle Cerrito hacia el este circulaba el VW Gol dominio CWC 754 conducido por M., es en esas circunstancias que en esa encrucijada se impactan dichos rodados. No se puede determinar con los elementos existentes en la causa, la calidad de embistente y embestido. Solamente podemos decir que la prioridad de paso le corresponde al rodado que circulaba por Cerrito, o sea el VW Gol dominio CWC 754 conducido por M. Rita M." (fs. 84 vta.).
En cuanto a la pericial mecánica rendida en el Expte. Nro. 189/2008, con las denuncias y el Sumario a la vista, el experto aseveró que el vehículo "Fiat Duna dominio BFK 455 circulaba por la calle Entre Ríos en dirección norte sur, hacía lo propio el Volkswagen Gol dominio CWC 754 por calle Cerrito en la dirección oeste este. En la intersección de ambas arterias Cerrito y Entre Ríos, en ese instante, el vehículo del actor se interpone en la línea de circulación del primero de los rodados para tratar de cruzar dicha arteria, por razones de tránsito el Fiat Duna impacta con su frente derecho el lateral delantero izquierdo del rodado de la actora, no existen datos de maniobras evasivas" (punto 3.1, fs. 92), agregando que "No existen elementos suficientes para poder efectuar un cálculo aproximado de la velocidad del rodado Fiat Duna" (punto 3.2, ídem), y que "Dado que no se agregó fotografía alguna del vehículo de la demandada para poder apreciar con mayor claridad los daños y el lugar preciso del impacto, por tal motivo considerando la información mencionada, en especial las fotografías de foja 76, se puede informar que el vehículo Volkswagen Gol dominio CWC 754 presenta el carácter de embestido y el vehículo Fiat Duna dominio BFK 455 presenta el carácter de embistente" (punto 3.3, ídem).
La dinámica siniestral referida en esta segunda pericia, contando el experto con mayores elementos que el que se desempeñara en los autos conexos, resulta apuntalada por las declaraciones testimoniales vertidas en autos.
En efecto, expresa Hugo Adrián Villalba que "yo estaba por cruzar Entre Ríos, iba con mi hermano (...) iba a pie, a tomar un café a la esquina, vemos pasar un taxi que venía por Entre Ríos, hacia el sur, y embiste al vehículo que venía por Cerrito, en ese momento no había semáforo, ahora sí, fue sorpresivo" (3ra. resp., fs. 119, Expte. Nro. 189/2008), adicionando que "el taxi vendría a 60 km./h., lo agarró al otro auto y lo tiró sobre el cordón, tiene que haber un golpe para que eso ocurra" (6ta. resp., ídem), y que el vehículo embistente fue "el taxi Duna que venía por Entre Ríos" (7ma. resp., ídem).
Daniel Fernando Villalba, a su turno, asevera que el siniestro "fue en la esquina de mi casa, yo vivo a 30 metros de la esquina, Cerrito 1272, íbamos caminando con mi hermano, charlando, íbamos a una panadería por Corrientes, sentimos el ruido, no se escuchó frenada ni nada, por Entre Ríos venía un taxi, por Cerrito el VW Gol, el taxi le pegó al Gol, que ya estaba pasando" (3ra. resp., fs. 119 vta., Expte. Nro. 189/2008). Amplía su deposición puntualizando que "le pegó entre la rueda delantera y la puerta del conductor, quedó bastante abollado, fue un golpazo, tendría que haber sido más el daño, el tren delantero de ese lado estaba golpeado" (resp. a la 1ra. ampliación, ídem).
3.4. En suma, de todo ello no puede sino concluirse que el taxi de titularidad del codemandado F. fue el que revistió el carácter de embistente en el evento dañoso.
Y en relación a la velocidad, nada es lo que puede extraerse de las constancias de autos.
4. Por la confirmación de la mecánica del accidente, conforme los términos indicados en los puntos que anteceden, debe examinarse la responsabilidad siniestral.
4.1. La responsabilidad objetiva fundada en el art. 1113, 2° párrafo, Código Civil, resulta claramente aplicable a las colisiones entre dos o más vehículos -como la presentada en el sub examine-, ya que el choque que los puede dañar no destruye los factores de atribución de la responsabilidad al dueño o guardián de las cosas intervinientes activamente en la producción del daño.
De tal suerte, la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto por el texto normativo citado, sino que crea presunciones concurrentes que no dejan de gravitar sobre la solución del caso aun cuando se haya deducido sólo una pretensión resarcitoria (tesis sostenida en Francia por los hermanos Mazeaud y André Tunc, entre otros).
En tal sentido se ha perfilado la jurisprudencia en numerosos precedentes cuyos fundamentos los suscriptos comparten y a los cuales se remiten (cf. C.S.J.N., 22.12.1987, in re "E.N.Tel. c. Provincia de Buenos Aires", en LL 1988-D, pág. 296; C.S.J.N., 10.12.1992, in re "DORALLO ROMERO, Ramón c. Ministerio de Salud y Provincia de Buenos Aires"; C.S.J.N., 14.10.1993, in re "PAPPIER, Federico R. c. Gobierno de la Provincia de Santa Fe", en Fallos 316:2344; C.S.J.P.S.Fe, 05.06.1990, in re "MARZANO, Manuel", en A. y S., tomo 81, págs. 210 y ss.; C.S.J.P.S.Fe, 28.12.1994, in re "MAUJO DEL RIEGO, Amador c. VULETICH, Horacio y otros", en A. y S., tomo 113, págs. 410 y ss.; C.S.J.P.S.Fe, 10.04.1996, in re "GULLO, Ángel José", en A. y S., tomo 125, págs. 420 y ss.; C.S.J.P.S.Fe, 04.12.1996, in re "SIMILI, Eduardo c. IZOLANI SETA, Rubén D.", en A. y S., tomo 132, págs. 351 y ss.), así como en la doctrina sobre el particular (ALTERINI, Atilio A.; "Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores", en LL 1988-D, pág. 296; TRIGO REPRESAS, Félix A.; "Aceptación jurisprudencial de la tesis del riesgo recíproco en la colisión de automotores", en LL 1986-D, pág. 479).
Sobre la expresada base no incumbe al actor la prueba fehaciente de violación reglamentaria alguna por parte de la contraria, sino que le basta con acreditar la existencia del nexo causal adecuado entre la cosa riesgosa y el daño, correspondiendo a la parte demandada que pretende liberarse de responsabilidad demostrar la culpa de la víctima, de un tercero, o el caso fortuito, siempre que revelen aptitud para interrumpir o interferir tal nexo (C.S.J.N., 11.05.1993, in re "FERNÁNDEZ, Alba Ofelia c. BALLEJO, Julio A. y Otra", en LL 1993-E, págs. 472 y ss.; C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re "ESPÍNDOLA, Juan Lorenzo c. SANCHO, Miguel A. y Otros", en A. y S., tomo 105, págs. 198 y ss.; C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re "LEVY, Daniel", en A. y S., tomo 105, págs. 192 y ss.), lo cual no empece a la facultad del órgano jurisdiccional para realizar un análisis de la conducta del demandado (C.S.J.P.S.Fe, 05.08.1998, in re "LÁZZARI de MILANESI, Nora c. MESSULAM, Miguel Ángel y Otros", en A. y S., tomo 148, págs. 240 y ss.).
4.2. Del análisis de los elementos obrantes en autos no surge conducta alguna que pueda ser reprochada a M. Rita M. (coactora en el Expte. Nro. 189/2008, y codemandada en el Expte. Nro. 1322/2009), razón por la cual tampoco puede extenderse responsabilidad al titular registral del automóvil por ella conducido (cf. informativa del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, a fs. 56 del Expte. Nro. 189/2008), I. A. M. (que ocupa idéntica posición procesal en cada uno de los trámites).
4.3. Por el contrario, existen en autos elementos que conducen a atribuir responsabilidad al codemandado Eduardo Raúl F., titular del vehículo Fiat Duna dominio BFK 455, afectado al servicio público de taxis (RA 0345, según informa la Municipalidad de Rosario a fs. 52 del Expte. Nro. 189/2008), conducido en la emergencia dañosa por su dependiente (respecto de quien el titular coaccionado responde a tenor de lo normado por el art. 1113, 1° párrafo, CC) José Marcelo Pérez (también informado por el ente público a fs. 50, ídem).
Y nótese que, para merituar la conducta seguida por el chofer del taxi, ha de tenerse en consideración que nos encontramos ante un conductor profesional, resultándole aplicable la disposición normativa que estatuye que "Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos" (art. 902, CC).
4.3.1. El primero de los elementos a ponderar es el carácter de embistente que, en el evento dañoso, revistió el Fiat Duna dominio BFK 455.
El hecho de haber sido agente embistente da cuenta de un cierto grado de negligencia por parte del conductor, puesto que no cabe sino concluir que no se encontraba completamente atento al tránsito vehicular.
Al respecto, la Ordenanza municipal Nro. 6.543/1998 advierte que los automovilistas deben "circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito" (art. 35, inc. b).
4.3.2. El segundo lo constituye el haber violado la prioridad de paso que correspondía a M. Rita M..
En efecto, la citada Ordenanza municipal Nro. 6.543/1998, expresamente estatuye en su art. 37 que "Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. La prioridad de paso en una encrucijada rige independientemente de quien ingrese primero a la misma. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta (...)".
No habiéndose acreditado ninguna de las excepciones previstas normativamente, corresponde pues endilgarle también este reproche.
4.4. Ahora bien, todo lo antedicho no obsta a que, respecto de la pretensión enderezada por los coactores C. L. y C. V., quepa efectuar una disquisición.
Es que, de las constancias de autos surge que los citados coactores no portaban el cinturón de seguridad, reproche que les endilga el codemandado titular del taxi que los transportaba (fs. 16 vta. y ss., Expte. Nro. 1322/2009).
4.4.1. En efecto, el perito médico actuante refiere haber extraído de la anamnesis que el coactor L. "ocupando el asiento delantero, no usaba cinturón de seguridad, al ser desplazado por efecto de la colisión, sufrió traumatismo en zona frontal derecha, sin pérdida de conocimiento y traumatismo en zona lumbo-coxal" (fs. 77 vta., Expte. Nro. 1322/2009), y que la coactora V. "en el asiento trasero, no usaba cinturón de seguridad, sufrió traumatismo nasal" (ídem).
Ello resulta coherente con la declaración de los citados coaccionantes, en tanto asevera C. L. que "A raíz del golpe pegué la cabeza contra el tablero resultando lesionado" (fs. 16, Sumario penal), y C. V. que "A raíz del golpe me desplacé hacia adelante y me golpeé con el apoya cabezas del asiento que se encontraba delante mío" (fs. 18, Sumario penal).
4.4.2. La Ordenanza municipal Nro. 6.543/1998 expresamente prescribe que "Para poder circular con un automotor es indispensable (...) que sus ocupantes usen los correajes de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos" (art. 36, inc. k).
Adiciona la mentada normativa que "Todos los vehículos de uso público, sean estos de alquiler, taxímetros, del transporte público de pasajeros o de transporte de escolares, tendrán indicado en su interior en forma visible la frase: "USE EL CINTURON DE SEGURIDAD"" (punto 1.6.1, Anexo C).
4.4.3. El interrogante que cabe despejar, entonces, es quién ha de ser responsabilizado por la falta de utilización del cinturón de seguridad por parte de los pasajeros, y en qué medida.
Si la utilización de cinturón de seguridad respecto de todos los ocupantes de un vehículo es requisito indispensable para poder circular (arg. art. 36, inc. k, Ordenanza municipal Nro. 6.543/1998), no cabe sino concluir que no puede iniciarse la circulación hasta tanto no se cumplimente tal recaudo.
Luego, el hecho de hallarse el taxímetro en circulación conlleva asumir que, o todos sus ocupantes utilizaban el cinturón de seguridad, o que quien inició la circulación (el chofer del taxi) no corroboró adecuadamente tal extremo con anterioridad al inicio de la conducción.
Mas lo expresado no implica que pueda extraerse de ello que el incumplimiento apuntado gravitaba excluyentemente sobre quien estaba a cargo de la conducción. En efecto, no pueden desconocer los actores el deber legal que les imponía la utilización del dispositivo en cuestión, aun cuando no les fuera exigido por el conductor del taxímetro.
En suma, todo lo antedicho conduce a entender que, en relación a la utilización del cinturón de seguridad, resultan tan responsables los actores que omitieron su deber legal, como el conductor del taxi (profesional y, por ende, conocedor de los riesgos que implicaba desoir los mandatos contenidos en la normativa vigente) que no debió haber iniciado la circulación sin antes verificar el cumplimiento del recaudo por parte de sus pasajeros (ello a tenor de la clara disposición legal precitada).
La disminución de la siniestralidad vial compete a todos los actores sociales, y para ello es que el legislador ha previsto este requisito de la circulación, razón por la cual entiende este órgano jurisdiccional que no puede liberarse totalmente, a quienes hacen de la conducción de vehículos su actividad habitual, del control necesario para que la intención legislativa no quede en una simple expresión de deseos.
4.5. Por todo lo merituado, entiende este órgano jurisdiccional que la responsabilidad del presente hecho dañoso debe ser atribuida del siguiente modo.
En lo que respecta a la pretensión articulada por los coactores I. A. M. y M. Rita M. (Expte. Nro. 189/2008), en su totalidad al coaccionado Eduardo Raúl F. (art. 1113, CC).
Y en lo que atañe a la pretensión deducida por los coactores C. L. y C. V. (Expte. Nro. 1322/2009), el 85 % al coaccionado Eduardo Raúl F. (art. 1113, CC), y el 15 % a los citados coaccionantes a título de culpa de la víctima (arg. arts. 1111 y 1113, CC).
Consecuentemente, la demanda enderezada por los mentados C. L. y C. V. contra los codemandados I. A. M. y M. Rita M., ha de ser rechazada, inteligencia que también libera a la citada en garantía La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales.
La presente decisión se hará extensiva, en la medida del seguro pactado (art. 118, Ley 17.418; cf. C.S.J.N., 29.08.2006, in re "VILLARREAL, Daniel A. c. FERNÁNDEZ, Andrés A. y Otros", en LL 2006-F, págs. 3 y ss.; C.S.J.N., 07.08.2007, in re "CUELLO, Patricia D. c. LUCENA, Pedro A.", en LL 2007-E, págs. 402 y ss.), y en el porcentaje atribuido al codemandado asegurado, a Aseguradora Federal Argentina S.A., quien acató las citaciones en garantía que se le efectuaran (fs. 31, Expte. Nro. 1322/2009; y fs. 33, Expte. Nro. 189/2008).
5. Despejada la atribución de responsabilidad, debe pasarse revista a los daños cuya indemnización se demanda.
5.1. En cuanto al rubro incapacidad física doctrinariamente considerada, es la falta de salud derivada de un hecho ilícito. La invalidez física es un concepto médico antes que jurídico, ya que la captación normativa del complejo de hecho se integra también con las repercusiones que dicha minusvalía tiene en la capacidad de ganar dinero, que no es contemplado por la noción puramente médica (cf. LORENZETTI, Ricardo Luis; "La lesión física a la persona. El cuerpo y la salud. El daño emergente y el lucro cesante", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1992, Nro. 1, pág. 101). Se configura cuando el ilícito deja una secuela irreversible que se traduce en disminución -total o parcial- permanente.
Es la línea básica del resarcimiento y, pese a la falta de mención en el art. 1086, CC, se le considera incluida en el art. 1068, CC. De ahí que se haya ponderado que el evidente menoscabo anatómico y funcional, justifica por sí solo la indemnización del daño que tiene su fuente en el art. 1068, CC. La norma ha sido interpretada en el sentido de comprensiva de todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, inclusive daños a la salud y a la integridad física.
Por ende, de acreditarse que la víctima sufrió una limitación funcional, igualmente se entiende producido un daño patrimonial que genera la obligación de indemnizar, aun cuando no hubiera tenido rentas, porque dicho daño tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de aquel tipo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad.
Se considera entonces que la indemnización que se otorgue por incapacidad sobreviniente debe atender, primordialmente, al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración, constituyen en sí un daño resarcible, conforme a una visión amplia del problema tratado.
Para cuantificar el daño producido por lesiones sufridas a raíz de un accidente, deben tenerse presentes las características personales de la víctima (C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re "SULIGOY, Nancy Rosa FERUGLIO de y Otros c. Provincia de Santa Fe", en A. y S., tomo 105, págs. 171 y ss.), en cuanto a edad, sexo, estado civil, nivel de capacitación, para el supuesto de que realizara tareas remuneradas si lo hacía o no en relación de dependencia. Es decir, debe ponderarse con estas pautas el perjuicio económico que la víctima del hecho sufre por la incapacidad física que presenta.
A efectos de determinar el monto de resarcimiento por incapacidad sobreviniente, los fallos precedentes pueden ofrecer una ayuda o pauta de cuantificación, cuando se trata de casos análogos o casos próximos, reuniendo características similares en aquellas variables consideradas relevantes para la decisión judicial.
En cuanto a las condiciones personales, ha de considerarse que el coaccionante C. L., que contaba con 75 años de edad al momento del accidente (cf. fs. 16, Sumario penal) y declaró ser jubilado (ídem), porta un 5 % de incapacidad (cf. pericial médica, a fs. 79 vta. del Expte. Nro. 1322/2009); y que la coactora C. V., que contaba con 70 años de edad al momento del accidente (cf. fs. 18, Sumario penal) y declaró ser jubilada (ídem), porta un 3 % de incapacidad (cf. pericial médica, a fs. 79 vta. del Expte. Nro. 1322/2009).
Teniendo en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y las condiciones particulares de las víctimas a las que se alude precedentemente, se declara procedente el rubro y se fija el mismo en la suma de $ 10.000.- para el coactor C. L., y en la suma de $ 6.000.- para la coactora C. V..
5.2. En lo que atañe al daño moral sufrido a consecuencia del siniestro, se define al mismo como "una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial" (ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde; "Daños a las personas", tomo 2, pág. 49).
5.2.1. Cabe consignar que, sobre la procedencia de su reparación, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "no figura entre las potestades de un estado constitucional imponer a los habitantes cargas que superen a las requeridas por la solidaridad social. Es obvio que, desde una especial -y respetable- concepción de la ética, puede mirarse a la reparación del daño moral como un apartamiento de las rigurosas exigencias que tal ética formula a quienes deseen seguirla. Pero no cabe que los jueces se guíen, al determinar el derecho, por patrones de moralidad que excedan los habitualmente admitidos por el sentimiento medio, pues, como lo señala Cardozo, "los jueces deben dar vigor con sus sentencias a la moralidad corriente de hombres y mujeres de conciencia recia" ("The nature of the judicial process", U.S., Yale University Press, 1937, pág. 106). En efecto, la decisión judicial no ha de reemplazar las opciones éticas personales cuya autonomía también reconoce el art. 19 de la Constitución Nacional. Ahora bien, en el sentimiento corriente, la actitud hacia las pérdidas definitivas no es aconsejar su asunción heroica, sino que se traduce en un activo intento de mitigarlas, aun a sabiendas de la pobreza de medios con que se cuenta a ese fin" (C.S.J.N., in re "SANTA COLOMA c. Empresa Ferrocarriles Argentinos", en ED, tomo 120, pág. 652).
Adentrándonos a la consideración de la determinación de su monto, cabe consignar que existen para ello distintos criterios, y que corresponde, desde ya, adelantar que este Tribunal, siguiendo a la jurisprudencia mayoritaria, descarta que deban buscarse forzadas relaciones entre la suma otorgada por perjuicio material y la que haya de fijarse en concepto de daño moral. En efecto, ambas resarcen perjuicios de distinta naturaleza e, hipotéticamente puede concebirse el uno sin el otro.
Es así que se ha entendido que "A los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste" (C.S.J.N., 09.12.1993, in re "GÓMEZ ORUE de GAETE, Frida A. y Otra c. Provincia de Buenos Aires", JA 1997-II, síntesis).
Sobre el tema en cuestión ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "Ya se ha señalado entre nosotros con relación a la cuantía del resarcimiento del daño moral, que: "De nada vale sostener, por un lado, que debe resarcirse a la víctima, para luego, a la hora de determinar el monto de la indemnización, hacerlo con una suma puramente simbólica, sin entidad alguna, que nada compensa (...)"; muy por el contrario, a la víctima le interesa recibir una suma dineraria que tenga alguna entidad, jerarquía o importancia", lo cual "sugiere, en última instancia, la necesidad de un límite mínimo: no debe ser irrisoria". Con similares lineamientos pero más concretamente se ha destacado asimismo que "Nada autoriza a excluir al daño moral del principio de la reparación plena y del régimen predeterminado de imputación de consecuencias que consagra el Código Civil, al que está indisolublemente ligado. La regulación específica del daño moral que contienen los arts. 522 y 1078 del Código Civil, en modo alguno permiten inferir su apartamiento de los principios generales de la reparación"; criterio éste reafirmado por la propia Corte Suprema, al decidir que el pronunciamiento que estableció la indemnización del daño moral sufrido por el actor en unas sumas "que no cubren mínimamente los requerimientos de la prudencia en la determinación del perjuicio causado (...) ha establecido su cuantía en términos que desvirtúan el principio de la reparación integral propio de la materia en examen, razón por la cual no satisface el requisito de debida fundamentación exigible en las decisiones judiciales" (C.S.J.N., 01.04.1997, in re "LACUADRA, Ernesto Adolfo y Otros c. S.A. Nestlé de Productos Alimenticios", en ED 1997, tomo 174, pág. 259).
También sobre las facultades del Tribunal para fijar prudencialmente el monto se ha resuelto "la fijación del importe por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante" (Cám. Nac. Civ., Sala F, 05.08.1997, in re "DEPAOLINI, Jorge R. c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", en JA 20.05.1998, págs. 48 y ss.). En idéntico sentido, "La fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas, y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador" (Cám. Nac. Civ., Sala F, 12.05.1992, in re "CENTURIÓN de MORENO, Elvira c. RASTELLI, Favio V. y Otro", en LL 1993-B, índice por materia, 26).
5.2.2. Sentado lo anterior, el Tribunal hace saber que, como directriz general para el examen de los daños, participa del criterio que no debe aceptarse la multiplicidad de rubros resarcitorios, los que se limitan en número al daño patrimonial y moral (GOZAÍNI, Osvaldo; "La legitimación en el proceso civil", Buenos Aires, Ediar, 1996, pág. 416; entre otros), posición en que se ha manifestado la Alzada (CCCRos, Sala IV, Ac. No. 371, 12.08.2005, in re "MORENO, Zulema del C. y Ot. c. PIATTI, Héctor s. Daños y Perjuicios"), agregándose que la lesión o daño estético y la lesión o daño psíquico o psicológico, son rubros a tener en cuenta para evaluar la entidad del perjuicio, pero cualquiera de éstos no configura un daño de distinta naturaleza, o con entidad propia, sino que al momento de fijar la cuantía de la indemnización, se los debe incluir dentro del daño patrimonial o moral, según los intereses afectados, en esto, siguiendo la opinión de la doctrina en la materia (VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto; "La legitimación activa para reclamar indemnización por daño moral", Rev. Jca. Delta, Nos. 9/10, pág. 78).
5.2.3. Es por todo lo expresado, atento a todas estas circunstancias, enfrentados a la difícil tarea de justipreciar el dolor humano, que tendremos en cuenta las características personales de las víctimas que se enuncian precedentemente.
Por todo ello, y teniendo nuevamente en consideración las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, este Tribunal entiende justo y equitativo fijar la indemnización por daño moral en la suma de $ 3.000.- para el coactor C. L., y en la suma de $ 2.000.- para la coactora C. V..
5.2.4. En relación al daño moral reclamado por la coactora M. Rita M. (Expte. Nro. 189/2008), cabe destacar que se ha acreditado que sufrió un daño físico que habría remitido en la actualidad, toda vez que el tiempo aproximado de curación fue fijado entre 10 y 15 días (cf. informe médico legal, a fs. 22 del Sumario penal).
Así, se encuentra comprobado que, a raíz del siniestro, la actora padeció determinados daños en su integridad física que, más allá de su recuperación sin secuelas, conducen a entender que existió efectivamente una afectación espiritual motivada tanto por su intervención en el hecho dañoso, como por la preocupación que cabe presumir respecto de su estado de salud.
Teniendo nuevamente en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, se declara procedente el rubro y se fija el mismo en la suma de $ 1.800.-
5.3. Reclaman también los coactores C. L. y C. V. el rubro gastos médicos no documentados.
Al respecto, si bien entiende este Tribunal que las erogaciones puntuales no han sido debidamente acreditadas, no es menos cierto que las lesiones causadas justificaban la adopción de medidas cuyo costo bien puede estimarse prudencialmente por este órgano jurisdiccional en la reclamada suma de $ 300.- para cada uno de los coaccionantes, monto que no luce en modo alguno exorbitante.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, se declara procedente el rubro, fijándose el mismo en la suma de $ 300.- para cada uno de los citados coactores.
5.4. Sobre el rubro daños ocasionados al vehículo (reclamado en el Expte. Nro. 189/2008 por el coactor I. A. M.), el perito ingeniero actuante expresó que el costo total de reparación asciende a la suma de $ 7.200.- (fs. 96) a la fecha de la pericia.
Es por todo ello, y teniendo en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, que se declara procedente el rubro y se fija en la citada suma de $ 7.200.-
5.5. Acerca del rubro privación de uso (reclamado en el Expte. Nro. 189/2008 por la coactora M. Rita M.), el perito ingeniero actuante indicó que "El tiempo necesario para la realización de las tareas mencionadas en el punto anterior, es aproximadamente de 9 días hábiles, pero este perito no puede cuantificar los tiempos muertos ya que estos dependen de varios factores que exceden mi competencia (por ejemplo, tiempos de espera, están sujetos a la capacidad del taller, provisión de repuestos, etc." (fs. 96).
Teniendo nuevamente en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, se declara procedente el rubro y se fija en la suma de $ 1.040.-
5.6. Finalmente, también concluyó el auxiliar mecánico en lo referente al rubro desvalorización del rodado (reclamado en el Expte. Nro. 189/2008 por el coactor I. A. M.), que "En relación a si pueden quedar huellas visibles de las reparaciones, se pasa a informar que todo accidente siempre deja su impronta y la misma suele dejar rastros del siniestro y puede desvalorizar la unidad en un entorno de 1 hasta 5 % de acuerdo a las imperfecciones que persistan después de los arreglos" (fs. 94), agregando que el valor de mercado del vehículo en cuestión es de $ 19.500.-
Ahora bien, corría la actora con la carga de presentación del vehículo al acto pericial para conocer si en el caso concreto la desvalorización venal superaba el guarismo mínimo de 1 % citado por el perito, lo que fue incumplido en la especie. Es por ello que el monto a otorgarse se ajustará por ende a tal porcentaje, toda vez que no se pudo verificar su efectivización en mayor grado.
Teniendo nuevamente en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, se declara procedente el rubro y se fija en la suma de $ 195.-
6. En lo atinente a las costas, atento el éxito obtenido que se pondera jurídicamente, teniendo en consideración la mínima reducción en la pretensión deducida en el marco del Expte. Nro. 1322/2009, y en virtud del principio normativo del vencimiento objetivo, se impondrán en su totalidad al demandado Eduardo Raúl F. (arg. art. 252, CPCC).
Por el mérito de los fundamentos que anteceden, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, RESUELVE: En el Expte. Nro. 1322/2009: I) Hacer lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, condenar al codemandado Eduardo Raúl F. a pagar, dentro del término de diez (10) días, al coactor C. L. la suma de $ 11.305.-, y a la coactora C. V. la suma de $ 7.055.- II) Rechazar la demanda enderezada contra los codemandados I. A. M. y M. Rita M., con extensión del rechazo a la citada en garantía La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales. III) Imponer las costas al codemandado Eduardo Raúl F.. En el Expte. Nro. 189/2008: IV) Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, condenar al codemandado Eduardo Raúl F. a pagar, dentro del término de diez (10) días, al coactor I. A. M. la suma de $ 7.395.-, y a la coactora M. Rita M. la suma de $ 2.840.- V) Imponer las costas a la demandada. Para ambos trámites: VI) El capital devengará un interés no acumulativo de acuerdo a las siguientes pautas: a) desde el día del hecho (excepción hecha del rubro daños ocasionados al vehículo, reclamado en el Expte. Nro. 189/2008 por el coactor I. A. M., que por haber sido calculado a la fecha de pericia computará intereses desde tal momento) y hasta el vencimiento del plazo que esta sentencia otorga para el pago, se aplicará sobre el capital el promedio entre las tasas activa y pasiva mensual sumado que abone el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (índice diario); b) desde el vencimiento de dicho plazo y hasta su efectivo pago, el capital indemnizatorio y los honorarios devengarán un interés equivalente al doble de la tasa referenciada. VII) Hacer extensivos los efectos de la presente sentencia Aseguradora Federal Argentina S.A., quien acató las citaciones en garantía que se le efectuaran. VIII) Regular, por su actuación profesional en cada uno de los trámites acumulados, los honorarios profesionales del Dr. Gustavo Marcelo Cerioni en la suma de $ 4.380.- (16,77 unidades jus); los de la Dra. Susana E. Trentín en la suma de $ 2.220.- (08,50 unidades jus); los del Dr. Marcelo Fernando Corbella en la suma de $ 4.380.- (16,77 unidades jus); los de los Dres. Ana María Modestini de Suárez, Diego Fernando Rossi y Omar Alejandro Vergara, conjuntamente y en proporción de ley, en la suma de $ 5.940.- (22,74 unidades jus); los de los peritos Dr. Alberto Eduardo Corvalán e Ing. Guillermo Justo Di Carlo, en la suma de $ 1.080.- (04,13 unidades jus) para cada uno de ellos; y los del perito Ing. Gustavo Armando Valfosca en la suma de $ 750.- (02,87 unidades jus). IX) Insértese, agréguese copia y hágase saber.
Autos: "M., M. y Ot. c. F., E. y Ots. s. Daños y Perjuicios", Expte. Nro. 189/2008, y sus acumulados "L., C. c. M., M. Rita s. Daños y Perjuicios", Expte. Nro. 1322/2009, y "L., C. c. M., M. s. Declaratoria de Pobreza", Expte. Nro. 1753/2008.-
DOMÍNGUEZ - BENTOLILA - CINGOLANI