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martes, 10 de marzo de 2009

Modelo de Denuncia para presentar ante el Consejo de la Magistratura




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FORMULA DENUNCIA

OFRECE PRUEBA



Al Señor Presidente del

Consejo de la Magistratura

Del Poder Judicial de la Nación



(Conforme artículo 4 del Reglamento de da Comisión de Disciplina y Acusación: Denuncia. La denuncia se formulará por escrito y deberá presentarse ante la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura en original y copia, siendo esta última devuelta al denunciante con la constancia de recepción. En ningún caso se admitirán denuncias anónimas).

(Conforme artículo 5 del Reglamento de da Comisión de Disciplina y Acusación: Requisitos de la denuncia. El escrito de denuncia no estará sujeto a ningún rigorismo formal; no obstante, deberá contener los siguientes requisitos mínimos: a) Los datos personales del denunciante (nombre y apellido, ocupación, profesión u oficio, fecha de nacimiento y fotocopia del documento de identidad). Si el denunciante fuera un funcionario público o un representante de una asociación, persona jurídica o colegio profesional, únicamente deberá consignar su nombre, apellido, domicilio real y cargo que desempeña al momento de presentar la denuncia. b) El domicilio real del denunciante y el domicilio constituido a los efectos del trámite. c) El nombre y apellido del magistrado denunciado, indicando el tribunal en que se desempeñe. d) La relación completa y circunstanciada de los hechos en que se funde la denuncia y cargos que se formulan. e) El ofrecimiento de la prueba que invoque para acreditar los hechos. En el caso de tratarse de prueba documental que estuviere en poder del denunciante, deberá acompañarla en el mismo acto. En caso contrario, indicará con precisión el lugar en que se encuentre y/o la persona que la tuviere en su poder. f) La firma del denunciante.)



………………………………………(Nombre y Apellido completos), ………………………(DNI), …………………..…(nacionalidad), …………………..(ocupación), con domicilio real en calle ......................., ciudad de………………………, localidad de…………………….., Argentina, constituyendo domicilio procesal en la calle...................., por derecho propio, respetuosamente a Ud me presento y digo:

(Conforme artículo 2 del Reglamento de da Comisión de Disciplina y Acusación: Denunciantes. Toda persona que tenga conocimiento de un hecho u omisión imputable a un magistrado del Poder Judicial de la Nación, que pudiere configurar una falta disciplinaria o una causal de remoción, podrá denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura. El denunciante no será parte de las actuaciones pero estará obligado a comparecer siempre que su presencia sea requerida).



I. OBJETO*.

I. 1. Que vengo a efectuar denuncia por mal desempeño (articulo 53 de la Constitución Nacional**) en sus deberes y funciones contra el Señor Juez…………………………, a cargo de…………….. (Sala/Juzgado/Tribunal Oral); …………………….. (Nacional/Federal), ………………………..(civil/comercial/laboral/penal/etc), N°............, sito en calle ......................., ciudad de………………………, localidad de……………………..***

*(Comentario: El objeto de la denuncia debe ser designado con total exactitud, claridad y ser conciso a fin de que el magistrado denunciado este en condiciones de poder ejercer, en debida forma, la defensa en juicio).

**(Artículo 53 de la Constitución Nacional … Por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes…).

***(Conforme artículo 5 del Reglamento de da Comisión de Disciplina y Acusación:… c) El nombre y apellido del magistrado denunciado, indicando el tribunal en que se desempeñe...)





II. HECHOS*.

II.1. Los hechos que fundan la presente denuncia son los siguientes:

(Comentario: Aquí se efectúa el relato de los hechos, conforme a lo expuesto anteriormente. Los hechos en que se funda deben ser explicados claramente, son el fundamento y sustento del reclamo efectuado).

*(Conforme artículo 5 del Reglamento de da Comisión de Disciplina y Acusación:… d) La relación completa y circunstanciada de los hechos en que se funde la denuncia y cargos que se formulan.)





III. OFRECE PRUEBAS.

III.1. A fin de acreditar los hechos expuestos en esta denuncia, ofrezco la siguiente prueba*:

* (Conforme artículo 15 del Reglamento de da Comisión de Disciplina y Acusación:… Se aceptarán todos los medios de prueba, pudiendo no ser admitidas las medidas que fueren manifiestamente improcedentes o meramente dilatorias.)



III.1.A. DOCUMENTAL:

Se acompaña con esta denuncia la siguiente prueba documental, individualizada como:

1) ...........................

2) ...........................

3) ...........................

(Comentario: En este apartado debe indicarse, individualizándola, toda la prueba documental acompañada o indicar el/los expediente/s o registros –escribanía, dominio automotor, inmobiliario, boleto compraventa, etc.- dónde se encuentra aquella cuando estuviera en poder de terceros o de otra parte.)

(Conforme artículo 333 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina).



III.1.B. INFORMATIVA:

1) Se libre oficio a………………………….., a los fines de solicitarle tenga a bien remitir las constancias originales de la documental indicada, o copias certificadas de las mismas, “ad effectum videndi et probandi”.



III.1.C. TESTIMONIAL: Se cite a declarar a las siguientes personas:

1) Sr…………………………….. (Nombre y apellido completos o bien: , ……………………. (ocupación), con domicilio en calle…………………………….., localidad.

2) Sr…………………………….. (Nombre y apellido completos o bien: , ……………………. (ocupación), con domicilio en calle…………………………….., localidad.

3) Sr…………………………….. (Nombre y apellido completos o bien: , ……………………. (ocupación), con domicilio en calle…………………………….., localidad.

(Conforme artículo 429 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. - Cuando las partes pretendan producir prueba de testigos, deberán presentar una lista de ellos con expresión de sus nombres, profesión y domicilio. Si por las circunstancias del caso a la parte le fuere imposible conocer alguno de esos datos, bastará que indique los necesarios para que el testigo pueda ser individualizado sin dilaciones y sea posible su citación.)

(Conforme artículo 5 del Reglamento de da Comisión de Disciplina y Acusación: Requisitos de la denuncia. e) El ofrecimiento de la prueba que invoque para acreditar los hechos. En el caso de tratarse de prueba documental que estuviere en poder del denunciante, deberá acompañarla en el mismo acto. En caso contrario, indicará con precisión el lugar en que se encuentre y/o la persona que la tuviere en su poder...)





IV. DERECHO.

IV.1. La presente se sustenta en Preámbulo de la Constitución Nacional dictada por los padres de la Patria en 1853, que establece el objeto de “afianzar la justicia”, como valor fundamental que sostiene la legitimidad de las normas positivas; y en lo previsto en los arts. 53, 114 inc. 5, y 115 de la Constitución Nacional; el artículo 34 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; así como en el art 14 de la Ley 24.937 (modificada por las leyes 24939, 25669, 25867 y 26080) en sus incisos, y de conformidad con las disposiciones del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, y del Reglamento General del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, y profusa y pacifica jurisprudencia establecida por la Comisión de Disciplina y Acusación de este Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



(Conforme artículo 114 inciso 4° de la Constitución Nacional, que establece como potestad exclusiva y excluyente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación “ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados”.)

(Conforme a la Ley Nº 24.937, modificada por la Ley Nº 24.939 y 26.080, de acuerdo a la ley 20.004, el Decreto PEN 816/99, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación “es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, que ejercerá la competencia prevista en el artículo 114 de la Constitución Nacional”, con facultades para proponer “sanciones disciplinarias a los magistrados como así también proponer la acusación de éstos a los efectos de su remoción”.)

(Conforme inciso A del artículo 14 de la ley 24.937 y sus modificatorias establece que “Las faltas disciplinarias de los magistrados, por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia, podrán ser sancionadas con advertencia, apercibimiento y multa de hasta un treinta por ciento de sus haberes”, indicando las conductas que “Constituyen faltas disciplinarias: 1. La infracción a las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de incompatibilidades y prohibiciones, establecidas para la magistratura judicial; 2. Las faltas a la consideración y el respeto debidos a otros magistrados; 3. El trato incorrecto a abogados, peritos, auxiliares de la justicia o litigantes; 4. Los actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometan la dignidad del cargo; 5. El incumplimiento reiterado de las normas procesales y reglamentarias; 6. La inasistencia reiterada a la sede del tribunal o el incumplimiento reiterado en su juzgado del horario de atención al público; 7. La falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, así como de las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional”.)

(Conforme el inciso B del artículo 14 de la ley 24.937 y sus modificatorias establece el Consejo podrá ejercer la potestad disciplinaria “de oficio o ante denuncia que le efectúen otros órganos del Poder Judicial, magistrados, funcionarios o particulares que acrediten un interés legítimo”.

(Conforme Decreto-Ley N° 1285 del 4/2/1958 mediante el cual “se reorganiza la justicia nacional”, se establece en el artículo 9° que “Es incompatible la magistratura judicial con toda actividad política, con el ejercicio del comercio, con la realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge, de los padres y de los hijos, y con el desempeño de empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios de carácter honorario. No estará permitido el desempeño de los cargos de rector de universidad, decano de facultad o secretario de las mismas. Los magistrados de la justicia nacional podrán ejercer, exclusivamente, la docencia universitaria o de enseñanza superior equivalente, con la autorización previa y expresa, en cada caso, de la autoridad judicial que ejerza la superintendencia. A los jueces de la Nación les está prohibido practicar juegos de azar, concurrir habitualmente a lugares destinados a ellos o ejecutar actos que comprometan la dignidad del cargo”.)

(Conforme Decreto-Ley N° 1285 del 4/2/1958 sustituido por art. 1°de la Ley N°21.341 vigente desde el 30/6/1976 mediante el cual “se reorganiza la justicia nacional”, se incorpora el artículo 9 bis agregado por Acordada CSJN del 24/12/62 que establece que “Hasta tanto la renuncia no les sea formalmente aceptada (NDR: por el Poder Ejecutivo Nacional), estarán sujetos a las disposiciones legales y reglamentarias concernientes a la función judicial y, en particular, a las que se refieran a la incompatibilidad con toda actividad política y al desempeño de cargos dependientes de uno de los poderes políticos”).

(Conforme Acordada CSJN 12/52 del 17/12/52 que establece el “Reglamento para la Justicia Nacional” dispone en el artículo 8 que “Los magistrados, funcionarios y empleados deberán observar una conducta irreprochable”, quedando especialmente obligados a “a) Residir en el lugar en que desempeñen sus tareas o dentro de un radio de pronta comunicación que no exceda de 70 kilómetros del mismo. La Corte Suprema podrá dispensar temporalmente de esta obligación a los magistrados de todas las instancias, y a los funcionarios y empleados de ella. Los demás funcionarios y empleados deberán requerir esta dispensa de las respectivas cámaras de apelaciones que, en el caso de concederla, deberán comunicarlo a la Corte Suprema con expresión de causa (modificado por el art. 10 del decr.ley 1285/58); b) Guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales; c) No evacuar consultas ni dar asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible; d) No gestionar asuntos de terceros ni interesarse por ellos, salvo los supuestos de representación necesaria; e) (acord. 7/72 del 12/04/72) No podrán estar afiliados a partidos o agrupaciones políticas, ni actuar en política; f) Rehusar dádivas o beneficios; g) No practicar juegos por dinero ni frecuentar lugares destinados a ellos; h) Levantar en el plazo de 60 días contados desde la fecha de su notificación cualquier embargo que se trabare sobre sus sueldos o el concurso que se hubiere decretado. Excepcionalmente, y con mención explícita de la razón que lo determine, la respectiva autoridad de superintendencia podrá ampliar este plazo o aun eximir al interesado del cumplimiento de esta obligación; i) No ejercer profesiones liberales ni aun con motivo de nombramiento de oficio o a propuesta de partes; j) No ejercer el comercio ni actividad lucrativa alguna sin autorización de la respectiva autoridad de superintendencia; k) (acord. del 24/12/62) No desempeñar ningún empleo público o privado, aun con carácter interino, sin autorización de la respectiva autoridad de superintendencia. Dicha autorización no podrá acordarse para cargos de naturaleza política. Exceptúanse los cargos docentes y las comisiones de estudio, pero los magistrados no podrán desempeñar cargos docentes en la enseñanza primaria o secundaria. Acord. 8/82, del 30/08/82. La autorización a que se refiere el segundo párrafo del presente articulo no podrá ser concedida para agentes que se desempeñen como personal administrativo y técnico del Poder Judicial de la Nación y aspiren a ocupar otro cargo en la órbita de ese organismo ya sea en calidad de personal permanente o contratado; l) No practicar deportes como profesional; m) No participar en asociaciones profesionales, con excepción de las mutualistas, ni en comisiones directivas de ninguna asociación, sin autorización de la respectiva autoridad de la superintendencia” (Nota : Según acord. 36/73, del 13/06/73, la C.S.J.N. aclaró que las incompatibilidades y prohibiciones establecidas para los empleados del Poder Judicial no deben entenderse como comprensivas del derecho a asociación en entidades representativas de sus intereses gremiales).

(Conforme Ley 25.188 (26.10.1999) de “Ética en el ejercicio de la función publica”, que establece en el artículo 1º un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado, cuyos “Deberes y pautas de comportamiento ético” se indican en el artículo 2º estableciendo como obligación: “a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno; b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana; c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular; d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello; e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan; f) Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados; g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa; h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia razonabilidad; i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil”, indicando en el artículo 3º que “Todos los sujetos comprendidos en el artículo 1º deberán observar como requisito de permanencia en el cargo, una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función”).

(Conforme Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial que establece en su artículo 1º que “Las instituciones que, en el marco del Estado constitucional, garantizan la independencia judicial no están dirigidas a situar al juez en una posición de privilegio. Su razón de ser es la de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales”).

(Conforme Ley 23.054 (01.031984/BO 27.03.1984) de aprobación de la “Convención americana sobre derechos humanos” o “Pacto de San José de Costa Rica” (22.11.1969) hace suya la manda preambular enseña que “Los estados americanos signatarios de la presente convención, reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser Nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”, y establece en el punto 1 del artículo 8 “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”).





V. PETITORIO.

V.1. Me tenga por presentado, y por constituido el domicilio legal indicado;

V.2. Tenga por interpuesta la denuncia impetrada;

V.3. Tenga presente la documentación acompañada, ordenando la reserva de sus originales en Secretaría y la agregación de sus copias a autos;

V.4. Tenga presente la prueba ofrecida y ordene librar los oficios solicitados;

V.5. Oportunamente, y en definitiva, haga lugar a la denuncia instaurada en todas sus partes, aplicando al magistrado denunciado las sanciones que se estime mejor correspondan.

(Comentario: El petitorio es un resumen, una síntesis, de todas las manifestaciones o pretensiones realizas en la denuncia, tanto de carácter procesal como de fondo, que debe ser expresado en términos precisos, claros y positivos conforme art. 330, inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

(Firma del denunciante)

(Aclaración...................)

(DNI N°........................)

1 comentario:

Anónimo dijo...

se puede denunciar ante el Cosejo a una secretaria por mal desempeño. Es la Dra. Mariana Speroni del tribuna de familia nº 2 de San Isidro, sería por denegación de justicia, no sólo no resuelve sino q notoriamente tiene mal encasillados los exptes y se pierden escritos q se presentan. Lamentable q gente como ella tenga asuntos de familia para resolver, muchas gracias

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